SANTO DOMINGO. La Contraloría General de la República inspeccionó 337 inmuebles de alquiler de instituciones públicas entre marzo y agosto de 2026.
De estos, 328 recibieron autorización de no objeción.
Los contratos evaluados superan RD$2,011.9 millones y US$33.5 millones.
El contralor Geraldo Espinosa explicó que el Departamento de Ingeniería y Arquitectura revisó 243 inmuebles y autorizó 236.
La Dirección de Auditoría Interna Gubernamental evaluó 94 y autorizó 92. El proceso busca incorporar criterio técnico al uso de recursos públicos.
“Cada inmueble que el Estado alquila debe responder a una necesidad real”, afirmó Espinosa.
Dijo que las inspecciones verifican en terreno la correspondencia entre lo solicitado y el bien a utilizar.
En el período se recibieron 351 solicitudes, 14 quedan pendientes.
Entre los inmuebles predominan oficinas, almacenes y estacionamientos.
También se revisaron centros educativos privados usados por estudiantes de escuelas públicas.
Gran parte corresponde a renovaciones de contratos existentes. Las inspecciones tienen alcance nacional.
Los mayores montos se concentraron en el Gran Santo Domingo, con operaciones en Santiago, San Cristóbal, Puerto Plata y otras provincias.
El Ministerio de la Mujer lideró solicitudes, con 56 para casas de acogida y oficinas. Desde el 1ro. de marzo la fiscalización es obligatoria.
La medida fortalece el control previo y aporta información técnica para las decisiones institucionales.
“Buscamos que el control sirva para prevenir y garantizar manejo pulcro de los bienes del Estado”, concluyó el contralor.
