Los proyectos de ley que podrían inhibir la libertad de prensa y la labor periodística en la República Dominicana causan preocupación en la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que ayer emitió un comunicado en ese sentido.
A través de una nota de prensa, colgada en su página web, la entidad cuestionó que en la República Dominicana, a través de esas iniciativas legislativas, insistan en el carácter penal de la difamación, incluso en el ciberespacio y en la sobreprotección de los dirigentes ante las críticas.
Citaron una reforma al Código Penal dominicano que buscaba sancionar con prisión las ofensas en contra del presidente, ministros, legisladores y representantes diplomáticos.
“La medida es contraria a los estándares internacionales que promueven eliminar el delito de desacato para evitar privilegios de las autoridades sobre los ciudadanos”, expresan en la nota de prensa.
Recordaron que el desacato, que ha sido eliminado en muchos países de América Latina, está contemplado en la ley 61 sobre Libertad de Expresión y Difusión del Pensamiento.
La SIP mencionó además, el proyecto de ley contra la ciberdelincuencia, depositado en el Congreso Nacional el pasado 14 de junio por el presidente Luis Abinader que reformaría la ley No. 5307 sobre Crimenes y Delitos de Alta Tecnología.
Destaca que esa reforma plantea aumentar de uno a cuatro años la prisión por difamación y que mantiene el delito de la injuria con una multa de 500 salarios mínimos.
Señala que esa pieza obligaría a los proveedores de servicios a eliminar material considerado discriminatorio en 24 horas a fin de evitar multas.
En el documento el presidente de la SIP, Jorge Canahuati, expresó: “Vemos con preocupación que República Dominicana esté virando en posición contraria a la libertad de prensa”.
El también presidente del Grupo OPSA, de Honduras, agregó que “estas son épocas para descriminalizar los delitos de difamación cuando se refieren a personas públicas y para eliminar los privilegios de los poderosos, no para potenciarlos, como bien lo hicieron en República Dominicana años atrás”.
En tanto que el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director de La Voz del Interior, de Argentina, Carlos Jornet sugirió: “Será importante que las autoridades dominicanas traten de adaptar la legislación nacional a los criterios de la jurisprudencia interamericana”.
Para él “legislar a ciegas conlleva el riesgo de que se retroceda décadas y se caiga en los autoritarismos del pasado, siempre dispuestos a cercenar la libertad de prensa y la labor independiente y crítica de los medios y periodistas”.
Canahuati y Jornet recordaron que Abinader firmó en octubre de 2020 la Declaración de Salta sobre Principios de Libertad de Expresión en la Era Digital, que remarca la actitud que deben tener los gobernantes para resguardar las libertades en el ámbito digital.
Dijeron que el año pasado la República Dominicana subió 10 escalones en el Índice Chapultepec sobre libertad de prensa y lamentaron que se destruya “lo que con tanto esfuerzo el Gobierno logró construir en los últimos años”.
