Una nueva tortura para las familias dominicanas
Una profusa campaña publicitaria anuncia para el próximo 24 de agosto el inicio del año escolar, intentando resaltar la faceta positiva que este hito representa para niños, adolescentes y docentes. Sin embargo, en la República Dominicana la vuelta a clases se ha convertido históricamente en una verdadera «tortura» y un dolor de cabeza financiero y emocional para los padres.
Numerosas dificultades estructurales y económicas transforman la ilusión del aprendizaje de los más pequeños en una lacerante frustración para sus progenitores.
Y no puede ser de otro modo: el precio de los uniformes, zapatos, mochilas y libros de texto representa un golpe demoledor para el presupuesto familiar, de por sí asfixiado por el costo de una canasta básica incosteable para la gran mayoría de los hogares dominicanos.
Las evidentes deficiencias del sector público durante la presente gestión de gobierno han motivado que muchas familias inscriban a sus hijos en colegios privados, a pesar de los aumentos dispuestos por estas instituciones en las mensualidades y la reinscripción, a la espera de una regulación efectiva que no termina de llegar.
El inicio del año escolar no puede ser más tétrico en el sector público, afectado por un déficit histórico de aulas, deudas acumuladas con el magisterio y promesas pendientes de cumplimiento.
A esto se suman planteles en mal estado, escasez de butacas, pizarras, abanicos y equipos tecnológicos, así como escuelas sin agua potable, sin mantenimiento, sin conserjes ni personal administrativo, y con libros de texto que nunca terminan de llegar.
Como si todo esto fuera poco, se le suma el recorte del 4 % del PIB para la educación, en flagrante violación a la Constitución de la República y a la Ley General de Educación 66-97.
Agosto es un mes en el que la incertidumbre predomina en los hogares dominicanos debido a la incompetencia de un gobierno que prometió una transformación educativa positiva y que, como ha sucedido en los demás renglones de la vida nacional, solo la ha llevado al caos y al desorden.
La educación es un derecho garantizado en la Ley de Leyes, la Constitución. Ese derecho, que en la gestión del Partido de la Liberación Dominicana era sinónimo de libertad, se ha convertido bajo la administración del PRM en un mar de lágrimas, lamentos y frustraciones.
