SANTO DOMINGO. – El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó este lunes a 20 años de prisión y al pago de 400 salarios mínimos al mayor general retirado Adán Cáceres Silvestre, tras hallarlo culpable de los hechos de corrupción administrativa atribuidos a la red desmantelada mediante la Operación Coral.
La sentencia fue dictada por las juezas Giselle Méndez, Jissel Naranjo y Tania Yunes, quienes concluyeron que las pruebas presentadas por el Ministerio Público demostraron que los ingresos lícitos del exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) no guardaban relación con el patrimonio acumulado durante el período investigado.
Al motivar la decisión, el tribunal señaló que la evidencia permitió establecer que los ingresos formales de Cáceres Silvestre, incluso sumados a los de su esposa, resultaban insuficientes para justificar el volumen de activos, préstamos, certificados financieros, pagos y demás operaciones económicas realizadas.
“La prueba permitió establecer que sus ingresos formales, considerados junto a los de su esposa para ese momento, no justificaban el volumen de activos, pagos, préstamos, certificados y operaciones financieras realizadas durante el período señalado”, expresaron durante la lectura de la sentencia.
Las juezas indicaron que, tras asumir la dirección del Cusep, Cáceres inició una dinámica constante de adquisición de productos financieros y compromisos económicos que excedían ampliamente su capacidad de ingresos declarados.
El tribunal destacó que al momento de ingresar al Cusep, el entonces funcionario percibía un salario mensual de RD$245,000, mientras que su esposa devengaba RD$49,840.
Sin embargo, pocos meses después comenzaron a registrarse múltiples operaciones financieras y obligaciones crediticias cuyos pagos no podían ser sustentados con esos ingresos.
La condena forma parte de la decisión emitida en el juicio de fondo del caso Coral, considerado uno de los mayores expedientes de presunta corrupción administrativa procesados en el país.
Según la acusación, la estructura habría desviado más de RD$4,500 millones de instituciones públicas, entre ellas el Cusep y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
Durante el proceso, el Ministerio Público presentó más de 3,500 pruebas documentales, periciales y testimoniales para sustentar las imputaciones contra militares, civiles y empresas vinculadas al caso.
La lectura íntegra de la sentencia y las demás condenas impuestas a los restantes acusados continuará conforme al calendario establecido por el tribunal.
