Por MAURICIO SAVARESE y ELÉONORE HUGHES
SAO PAULO (AP) — El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó el miércoles dos decretos que aumentan la presión sobre las grandes empresas tecnológicas al incrementar su responsabilidad por el contenido ilegal compartido por sus usuarios y allanar el camino para que un organismo gubernamental investigue sus respuestas a dichos casos.
Estas medidas endurecen el entorno en Brasil para gigantes como Google, Meta y TikTok, que desde hace tiempo intentan desvincularse de los delitos online cometidos por los usuarios.
El primer decreto introduce adaptaciones clave a las regulaciones gubernamentales para alinearlas con una decisión de la Corte Suprema de Brasil que responsabiliza a las grandes empresas tecnológicas si se niegan a eliminar contenido por orden judicial.
Asimismo, faculta a la agencia nacional de protección de datos para investigar estos casos. El segundo decreto establece directrices para la protección de las mujeres en el entorno digital.
El gobierno brasileño declaró que, a partir de ahora, las plataformas deben analizar todas las quejas y, si el contenido se considera delictivo, eliminarlo de inmediato, comunicando la decisión a la persona responsable. Las posibles sanciones por incumplimiento incluyen advertencias, multas y suspensión temporal.
Las grandes empresas tecnológicas no se han pronunciado sobre la decisión del gobierno brasileño.
Patricia Peck, miembro del consejo de la Autoridad de Protección de Datos de Brasil y autora de 46 libros sobre derecho y tecnología, afirmó que los poderes ejecutivo y judicial del país han presionado a las grandes empresas tecnológicas para que actúen de forma proactiva contra los delitos en línea, a pesar del evidente estancamiento del debate en el congreso.
“No contamos con una legislación específica para responsabilizar a estas plataformas; estamos tomando un camino alternativo”, declaró Peck a Associated Press.
“Quienes desarrollan estas tecnologías deben considerarlas desde una perspectiva de ética, privacidad y seguridad como estándares”.
Desde el fallo del Tribunal Supremo brasileño el año pasado, estas empresas han tenido que supervisar activamente el contenido que incluye discursos de odio, racismo e incitación a la violencia, y tomar medidas para eliminarlo.
La iniciativa de Lula también amplía la capacidad de la ley actual para abordar el aumento del fraude digital, las estafas en línea y las nuevas formas de violencia en internet.
Mattheus Puppe, experto en derecho digital brasileño, afirma que los decretos buscan impedir que las plataformas se lucren con publicaciones ilegales y reforzar la decisión del Tribunal Supremo del país.
Sin embargo, duda de que las iniciativas del gobierno logren frenar realmente la delincuencia en línea.
“No está claro qué tan bien funcionará esto, ya que la agencia que fue elegida para investigar los casos apenas puede desempeñar su trabajo actualmente”, dijo Puppe. “Pero es cierto que no debería ser responsabilidad de las empresas saber qué es legal y qué no”.
El enfoque de Brasil hacia las grandes empresas tecnológicas se asemeja cada vez más al de la Unión Europea, que ha intentado controlar el poder de las empresas de redes sociales y otras plataformas digitales.
Sin embargo, esto ha tensado la relación entre la nación sudamericana y el gobierno estadounidense. Los críticos expresaron su preocupación de que la medida pudiera amenazar la libertad de expresión si las plataformas eliminan preventivamente contenido que pudiera resultar problemático.
A principios de este año entró en vigor una ley que busca proteger a los menores de edad del contenido en línea adictivo, violento y pornográfico.
La legislación exige que los menores de 16 años vinculen sus cuentas de redes sociales con un tutor legal para garantizar la supervisión y prohíbe a las plataformas el uso de funciones adictivas como el desplazamiento infinito y la reproducción automática de videos.
