El presidente fundador del Foro y Frente Cívico y Social, Isaías Ramos, afirmó que la República Dominicana no puede seguir ordenando su territorio desde el subsuelo ni permitir que permisos, concesiones o contratos mineros se coloquen por encima de la Constitución, el agua, la vida y el interés nacional.
Ramos sostuvo que el país, por su condición insular, no dispone de “cuencas de repuesto” y advirtió que una herida en la montaña puede convertirse en agua perdida, agricultura afectada y futuro comprometido.
“El debate minero no debe empezar preguntando dónde hay oro, cobre o minerales, sino dónde la Constitución prohíbe tocar, perforar, explorar o explotar”, expresó.
El dirigente cívico señaló que los artículos 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 54, 61, 66, 67, 68, 69, 74, 193 y 194 de la Constitución trazan un marco claro: supremacía constitucional, Estado Social y Democrático de Derecho, dignidad humana, agua como patrimonio nacional estratégico, seguridad alimentaria, salud, ambiente sano, ordenamiento territorial y derechos de las presentes y futuras generaciones.
“La Constitución no prohíbe toda minería, pero sí prohíbe minería contra el agua, contra las cuencas, contra la sostenibilidad y contra la vida”, indicó.
Ramos calificó como preocupante el artículo 58 de la Ley 368-22, al entender que permite que el uso del suelo minero quede determinado por el título de concesión. Afirmó que esa lógica debe invertirse: “No es el título minero el que ordena el territorio; es el territorio, conforme a la Constitución, el que decide si la minería procede”.
Asimismo, sostuvo que la Ley Minera 146-71 nació bajo una lógica extractivista anterior a la Constitución moderna, por lo que sus disposiciones deben ser reformadas, aplicadas conforme a la Constitución o impugnadas cuando vulneren el agua, el ambiente, el ordenamiento territorial y la soberanía nacional.
El Foro y Frente Cívico y Social anunció que promoverá acciones cívicas, jurídicas e institucionales, incluyendo acciones directas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra aquellas disposiciones de la Ley 368-22 y la Ley 146-71 que vulneren el marco constitucional.
Asimismo, planteó la revisión de permisos, licencias, concesiones o renovaciones posteriores a la Constitución de 2010 que contradigan el agua, el ambiente, el ordenamiento territorial y el principio de precaución.
“Donde nace el agua, no se explora; donde se recarga un acuífero, no se perfora; donde la agricultura garantiza alimentos, no se impone minería metálica”, concluyó Ramos.
“Primero la Constitución. Primero el agua. Primero el territorio. Primero la gente. Ya basta de improvisar, es tiempo de gobernar.”
