CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El gobernador de Sinaloa y el alcalde de la capital de ese estado anunciaron su separación del cargo temporalmente mientras la Fiscalía General de México avanza en las investigaciones sobre las acusaciones que hizo la fiscalía de Nueva York por narcotráfico y tenencia ilícita de armas.
Las decisiones se dieron horas después que la Fiscalía General de la República (FGR) negó las solicitudes de detención provisional con fines de extradición de los 10 funcionarios mexicanos que pidió Estados Unidos alegando que no había motivos ni fundamentos para la urgencia de la medida.
El gobernador Rubén Rocha Moya y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, ambos del partido gobernante Morena, presentaron cerca de la medianoche del viernes las solicitudes de licencia para separarse de sus cargos de manera temporal a fin de facilitar las investigaciones que se iniciaron en México sobre las acusaciones anunciadas esta semana en Estados Unidos.
Ambos funcionarios presentaron sus licencias al Congreso estatal y al Cabildo de Culiacán, que elegirán sus sustitutos. El viernes fue nombrada como alcaldesa interina de Culiacán Ana Miriam Ramos Villarreal, actual síndica procuradora.
En una sesión extraordinaria, el Congreso de Sinaloa aprobó el sábado la licencia de separación de cargo por más de 30 días que pidió Rocha Moya.
El miércoles, la fiscalía de Nueva York hizo pública una acusación por narcotráfico y tenencia ilícita de armas contra Rocha Moya, Gámez y otros ocho funcionarios mexicanos, entre ellos un senador de Morena, el vicefiscal de Sinaloa y policías activos y retirados.
En la acusación se señala a los 10 funcionarios de desempeñar un papel fundamental en ayudar al Cártel de Sinaloa a introducir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos.
“No voy a permitir que me utilicen para dañar al movimiento al que pertenezco”, afirmó Rocha Moya en un mensaje en las redes sociales, a la vez que insistió en su inocencia y sostuvo que las acusaciones en su contra son “falsas y dolosas”.
Según la acusación, algunas de las personas citadas han participado personalmente en la campaña de violencia y represalias del Cártel de Sinaloa.
La acusación alega que estaban estrechamente vinculados a la facción de ese cártel conocida como “Los Chapitos”, dirigida por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el antiguo líder del cártel que actualmente cumple cadena perpetua en una prisión estadounidense.
La FGR anunció el viernes que no ejecutará las detenciones provisionales de los funcionarios mexicanos que solicitó Estados Unidos dado que “no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia” para la medida cautelar.
Al abundar sobre la decisión, el titular de la fiscalía especializada de control competencial, Raúl Jiménez Vázquez, dijo el viernes a los medios que “no existen pruebas” en los documentos que enviaron las autoridades estadounidenses que acrediten un presunto delito para otorgar la medida de detención provisional.
Tanto la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum como la FGR han insistido en que Estados Unidos debe enviar pruebas que avalen las acusaciones.
En ese sentido, Jiménez Vázquez anunció que la cancillería mexicana solicitará a Estados Unidos las pruebas, argumentos, informes y documentos que sean necesarios, por las vías que garanticen la confidencialidad, y fijar una nueva posición.
Alterno al proceso que llevan las autoridades estadounidenses, la FGR también ha adelantando una pesquisa del caso.
Durante su habitual conferencia matutina, Sheinbaum descartó el viernes que enfrente una crisis política ante el proceso judicial que se inició en Estados Unidos contra Rocha Moya y otros miembros de su partido, y aseguró que está “fuerte, está sólida y muy segura”.
La mandataria mexicana reiteró que seguirá trabajando por la seguridad de México y cooperando con Estados Unidos, e insistió en que “nunca nos vamos a subordinar porque esto es un asunto de dignidad del pueblo de México”.
