POR LISA MASCARO
WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump promulgó el jueves una iniciativa para financiar a buena parte del Departamento de Seguridad Nacional, pero no sus operaciones de control migratorio, poniendo fin al cierre de agencia más prolongado en la historia.
La Casa Blanca había advertido que los fondos temporales que Trump había utilizado para pagar al personal de la Administración de Seguridad en el Transporte y de otras dependencias “pronto se agotarían”, y eso desató nuevas amenazas de afectaciones en los aeropuertos.
El Departamento de Seguridad Nacional ha estado sin fondos habituales desde el 14 de febrero, lo que ha causado dificultades a los trabajadores, aunque gran parte de la agenda migratoria de Trump, que es central en la disputa, se financia por separado.
“Ya era hora”, dijo la congresista Rosa DeLauro, la demócrata de mayor rango en la Comisión de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes, quien propuso el proyecto de ley hace más de 70 días.
La Cámara de Representantes votó oralmente el jueves para aprobar la medida. Fue un final abrupto al enfrentamiento que comenzó hace meses, después de que la mortífera ofensiva migratoria de Trump en Minneapolis desencadenó una disputa en el Capitolio sobre los fondos para impulsar la agenda del presidente.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) ha estado bajo un intenso escrutinio después de que Trump destituyó a Kristi Noem como titular de la agencia y nombró como sucesor al senador de Oklahoma Markwayne Mullin en medio del cierre.
La dependencia cuenta con unos 260.000 empleados, entre la Administración de Seguridad en el Transporte, la Guardia Costera, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA por sus iniciales en inglés) y otras operaciones.
Muchos trabajadores han tenido que lidiar con repetidas turbulencias y la posibilidad de no recibir su salario en mayo a medida que se prolongaba la disputa en el Congreso.
El estancamiento actual se produjo después de un cierre de gobierno del año pasado que había establecido un récord de 43 días. Incontables empleados han tenido dificultades para pagar sus cuentas.
La estrategia de deportaciones de Trump alimentó la disputa
Después de que Renee Good y Alex Pretti, ambos ciudadanos estadounidenses, fueron abatidos por agentes federales durante protestas migratorias en Minneapolis, los demócratas se negaron a financiar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) y la Patrulla Fronteriza a menos que hubiera un cambio en sus operaciones.
Los republicanos no aceptaron un plan demócrata para financiar a la Administración de Seguridad en el Transporte y las otras partes del Departamento de Seguridad Nacional sin el dinero para el ICE y la Patrulla Fronteriza. Insistieron en que las operaciones migratorias no debían quedar en cero.
Después de que el cierre se intensificó, con prolongadas filas en los aeropuertos, el Senado aprobó por unanimidad el paquete bipartidista hace un mes. Posteriormente, el proyecto de ley quedó estancado en la Cámara de Representantes.
Johnson había calificado la iniciativa como una “broma”.
Para romper el estancamiento, legisladores republicanos decidieron abordar por su cuenta el financiamiento de medidas contra la inmigración mediante lo que se llama reconciliación presupuestaria, un engorroso proceso de varias semanas.
Al iniciar ese proceso, Johnson pudo desbloquear un proyecto de ley bipartidista más amplio para el resto del Departamento de Seguridad Nacional.
Los republicanos de la Cámara de Representantes adoptaron tarde el miércoles una resolución presupuestaria en una votación en gran medida por líneas partidistas, que se centra en proporcionar eventualmente 70.000 millones de dólares para leyes migratorias y deportaciones durante el resto del tiempo de Trump en el cargo. El mandato de Trump termina en enero de 2029.
Johnson reconoció el jueves que si bien había criticado la iniciativa, el nuevo proceso presupuestario garantiza el eventual flujo de fondos para combate a la inmigración “sin reformas demócratas descabelladas”.
“Hicimos un berrinche”, dijo el presidente de la cámara baja. “Teníamos que hacerlo”.
Pero no todos los republicanos quedaron complacidos. El congresista Chip Roy, de Texas, dijo el jueves que aislar el dinero relacionado con la inmigración en una vía separada es “ofensivo para los hombres y mujeres que sirven en el ICE y la Patrulla Fronteriza, y que sirven a este país todos los días”.
La Casa Blanca advierte nuevos riesgos para los salarios
La Casa Blanca instó esta semana al Congreso a actuar, advirtiendo que el dinero que Trump utilizó para pagar temporalmente a la Administración de Seguridad en el Transporte y a otros trabajadores mediante acciones ejecutivas se estaba agotando.
Los trabajadores de control migratorio han sido pagados en gran medida con la inyección de nuevo efectivo —unos 170.000 millones de dólares— que el Congreso aprobó como parte del proyecto de ley de recortes de impuestos de Trump el año pasado.
Otros, incluidos los de la Administración de Seguridad en el Transporte, han tenido que depender de la intervención de Trump mediante una acción ejecutiva para garantizar sus cheques de pago. La mayoría de sus empleados son considerados esenciales y han permanecido en el trabajo.
Pero debido a que la cláusula para salarios supera los 1.600 millones de dólares cada dos semanas esos fondos estaban disminuyendo, apuntó recientemente Mullin.
El jueves señaló en redes sociales que el cierre “nunca debió ocurrir”.
Más de 1.000 agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte han renunciado desde que comenzó el cierre, según Airlines for America, una asociación de aerolíneas que el miércoles pidió al Congreso financiar plenamente a ese departamento.
Everett Kelley, presidente nacional de la American Federation of Government Employees, dijo que si bien los trabajadores están “complacidos de que el Congreso finalmente se haya puesto las pilas para financiar al DHS, es inaceptable que les haya tomado tanto tiempo”.
Dijo que “los empleados federales no son peones políticos. Son estadounidenses y merecen ser tratados con dignidad y respeto”.
Se avecina una estrategia presupuestaria complicada
La estrategia de avanzar en solitario bajo el proceso de resolución presupuestaria es la misma que se utilizó el año pasado para aprobar la ley de recortes de impuestos de Trump, al que todos los demócratas se opusieron.
Con la resolución presupuestaria ya adoptada por la Cámara de Representantes y el Senado, los legisladores redactarán a continuación el proyecto de 70.000 millones de dólares para financiar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Patrulla Fronteriza, con una votación prevista en mayo.
Trump ha dicho que lo quiere en su escritorio para el 1 de junio.
