POR FRANKLIN BRICEÑO
LIMA (AP) — Los peruanos acudirán el domingo a las urnas en medio de una ola de criminalidad sin precedentes para elegir presidente entre 35 candidatos con baja intención de voto y de los cuales ninguno ha logrado establecer una distancia significativa sobre sus rivales.
También será la primera vez en más de 30 años en la que se elegirá a un Congreso bicameral de 130 diputados y 60 senadores en el que la cámara alta no podrá ser disuelta y tendrá la potestad de designar autoridades de control y destituir al mandatario.
Perú atraviesa una crisis política con choques entre el Legislativo y el Ejecutivo que han provocado el desfile de ocho presidentes y tres Congresos en una década, cuando lo normal hubiese sido tener dos mandatarios y dos Parlamentos con mandatos de cinco años cada uno.
Amplia oferta de candidatos
Distintos sondeos privados coinciden en que la derechista Keiko Fujimori —hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000)— encabeza la intención de voto con 15% con su promesa de combatir la delincuencia con las Fuerzas Armadas y construir nuevas cárceles.
Sin embargo, la suma del voto nulo, en blanco e indeciso lidera las proyecciones.
Fujimori, que se postula por cuarta vez a la presidencia, también propone reactivar la confianza de los empresarios mediante la promoción de proyectos mineros estancados que suman alrededor de 60.000 millones de dólares, facilitar la formalización de los mineros informales de oro y ampliar proyectos de irrigación en terrenos áridos para impulsar la agroexportación.
De los 35 candidatos presidenciales, la mayor oferta electoral de la historia peruana, detrás de Fujimori se ubican sólo cinco postulantes son fluctuaciones en la intención de voto y separados por menos de cinco puntos porcentuales entre sí.
En ese grupo están dos exalcaldes de Lima: Ricardo Belmont (1989-1995) del Partido Cívico Obras, un nacionalista que asegura que renegociará los contratos de explotación de recursos naturales, y Rafael López-Aliaga (2021-2025), de Renovación Popular, un millonario que promete créditos a los pequeños empresarios a través del banco estatal.
También está Carlos Álvarez de País para Todos, un cómico que en el año 2000 apoyó al expresidente Fujimori durante su controvertida tercera reelección.
Álvarez promete retirar a Perú de la Convención Americana sobre Derechos Humanos e instaurar la pena de muerte para los sicarios.
Jorge Nieto, del partido Buen Gobierno y exministro de Defensa (2016-2018), promete resolver el problema de la seguridad en “no más de un año” con un grupo especial contra las extorsiones; mientras Alfonso López Chau, exdirector del Banco Central (2006-2012) y líder de Ahora Nación propone limpiar la policía de agentes corruptos, atacar las finanzas de los criminales y combatirlos usando la tecnología.
Economía estable, delincuencia en alza
Perú llega a los comicios con una proyección de crecimiento del Producto Bruto Interno (PIB) de 3% impulsado por los altos precios del cobre y una inflación anual controlada por el Banco Central de 2%, una de las más bajas de la región.
Pero el costo de la criminalidad consume 1,7% del PBI, el equivalente a unos 5.000 millones de dólares anuales, lo que actúa como un impuesto que asfixia el consumo y la inversión privada, según cálculos del Ministerio de Economía.
En el último quinquenio las denuncias por extorsión —un delito que ha provocado protestas y paralizaciones frecuentes del transporte público— se han quintuplicado, mientras los asesinatos se han duplicado, de acuerdo con datos oficiales.
La llegada en la última década de grupos criminales extranjeros ha introducido nuevos métodos de violencia, según los expertos.
Otras economías criminales como la minería ilegal y el narcotráfico han creado zonas donde la presencia del Estado es casi imperceptible.
Mientras Fujimori promete controlar las fronteras y cárceles con la ayuda de los militares, López Aliaga afirma que construirá una cárcel en la Amazonía donde serpientes venenosas serán las guardianas que impedirán la fuga de presos.
Álvarez, en tanto, propone traer la experiencia en seguridad de El Salvador, Dinamarca y Singapur y Belmont asegura que los puestos de auxilio rápido serán claves para atender a las víctimas de la delincuencia.
Todo hace prever que ningún candidato logrará más del 50% de los votos válidos exigidos por la ley para ganar en primera vuelta, por lo que se espera un balotaje el 7 de junio entre los dos con mayor cantidad de sufragios.
Las autoridades electorales han señalado que los resultados finales se conocerán recién el jueves 16 de abril cuando lleguen todas las actas de votación de las zonas rurales más remotas y del extranjero.
