POR JORGE RUEDA
CARACAS (AP) — La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el jueves por unanimidad una nueva ley que busca abrir bajo reglas claras el sector minero a la inversión de empresas privadas locales e internacionales tras 26 años bajo un estricto control estatal.
La Ley de Minas –que deroga otras dos normas de 1999 y 2015— establece amplias garantías jurídicas, incluida la posibilidad que “las dudas y controversias de cualquier naturaleza”, que no puedan ser resueltas amigablemente por las partes, podrán ser decididas por tribunales competentes de Venezuela o mediante mecanismos alternativos, incluyendo la “mediación y el arbitraje”.
El gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez espera que los cambios sirvan de garantía para las principales firmas mineras internacionales que han dudado en regresar al país.
Varias compañías, entre ellas la empresa minera canadiense Crystallex International Corporation, perdieron inversiones cuando el gobierno del ahora fallecido presidente Hugo Chávez cambió abruptamente las condiciones de sus operaciones en el país y posteriormente revocó su permiso de explotación.
Varias otras empresas internacionales aún buscan compensación por proyectos expropiados y paralizados por el gobierno en las últimas dos décadas.
La nueva legislación, que entrará en vigor cuando el Tribunal Supremo se pronuncie acerca de la constitucionalidad de su carácter orgánico, sea promulgada por el Poder Ejecutivo y publicada en la Gaceta Oficial, se aprobó después de una operación militar estadounidense en Caracas que depuso y capturó al entonces presidente Nicolás Maduro el 3 de enero.
Rodríguez fue juramentada presidenta en funciones el 5 de enero. La entonces vicepresidenta era, de acuerdo con la Constitución, la primera en la línea de sucesión.
La ley deja en claro que los yacimientos mineros seguirán siendo propiedad del Estado venezolano, resalta insistentemente el oficialismo, en momentos que la administración del presidente Donald Trump abiertamente manifiesta su intención de ejercer un mayor control sobre los recursos naturales del país sudamericano.
El debate del proyecto de ley comenzó apenas cuatro días después de la visita del secretario de Interior estadounidense, Doug Burgum, con el propósito de ampliar los acuerdos en materia de energía y minería de ambos países.
Al final de la visita, el 5 de marzo, Rodríguez pidió a los legisladores “actuar con celeridad” para aprobar la ley. Burgum estuvo acompañado por representantes de más de dos docenas de empresas mineras y de minerales de Estados Unidos.
En febrero, el gobierno de Trump anunció su intención de crear un bloque comercial de minerales estratégicos con sus aliados y socios para defenderse del control de China en la cadena de suministro de estos minerales y tierras raras, esenciales para la industria electrónica, la fabricación de motores eléctricos, aviones militares, entre otros.
El 6 de marzo, Estados Unidos emitió una licencia que autoriza realizar transacciones con Minerven, la compañía estatal de extracción de oro. Según la licencia, las personas y empresas de Rusia, Irán, Corea del Norte y Cuba no están autorizadas a celebrar contratos con Minerven.
Además del petróleo, Venezuela es rica en oro, cobre, diamantes, coltán y otros metales preciosos, pero su explotación se concentra en zonas inseguras.
En ese sentido, Burgum manifestó que el gobierno de Venezuela dio garantías de seguridad a las compañías mineras interesadas en invertir en el país donde las zonas ricas en minerales han estado controladas por guerrilleros colombianos y otros grupos ilegales locales durante mucho tiempo.
La ley busca reproducir el modelo de la recién aprobada Ley de Hidrocarburos, que redujo drásticamente el rígido control estatal sobre las operaciones petroleras vigente en las últimas dos décadas y que abrió ampliamente el sector a la inversión extranjera.
En sintonía, el Departamento del Tesoro comenzó a flexibilizar las sanciones a los hidrocarburos venezolanos y amplió la capacidad de las compañías energéticas estadounidenses para operar en Venezuela.
Los gobiernos de Washington y Caracas también acordaron restablecer relaciones diplomáticas, rotas en 2019. Esas y otras medidas han sido adoptadas después del traslado de Maduro y su esposa a Nueva York para enfrentar cargos federales de tráfico de droga.
