Por Adalgisa Sánchez
El Senado de la República aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que modifica los artículos núm. 5, 12 y 14 de la Ley 339-22, que habilita y regula el uso de medios digitales para los procesos judiciales y procedimientos administrativos del Poder Judicial, presentado por la Suprema Corte de Justicia.
Estas reformas legislativas establecen ampliar las facilidades tecnológicas y normativas para el uso de la firma digital o electrónica calificada por parte de los jueces, secretarios y servidores judiciales y auxiliares de la justicia, así como de los actores activos y pasivos del sistema, lo cual es vital para asegurar la autenticidad, integridad y validez.
La misma establece que la tramitación ante el Poder Judicial se realizará de manera digital, manteniendo la garantía del acceso presencial en las sedes de la institución.
Estas innovaciones judiciales buscan, además, implementar un sistema georreferenciado para documentar el lugar, la fecha y la hora de las diligencias de los alguaciles, a fin de mejorar la seguridad jurídica, a través de la trazabilidad y la certeza en la ejecución de sus actos procesales, así como el acceso opcional a audiencias virtuales para que, en caso de falta de consenso, sea el juez quien determine la modalidad, en atención a las circunstancias particulares del caso y la especialidad de la materia.
