La Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente del Distrito Judicial La Altagracia impuso medida de coerción consistente en presentación periódica en contra de un ciudadano encontrado en fraglante por agentes policiales realizando una conexión ilegal en una residencial del sector El Tamarindo, municipio San Rafael del Yuma de la provincia La Altagracia.
Según describe la resolución emitida por el tribunal, el imputado identificado como Joan Manuel Abreu Martínez fue sorprendido manipulando las redes eléctricas de una residencia, sin autorización de Edeeste ni de la Superintendencia de Electricidad (SIE).
En ese mismo orden, el documento indica que, la inquilina del inmueble se encontraba a fuera de la residencia acompañando al señor Abreu Martínez, a los fines de realizar conexiones irregulares, lo que fue confirmado por el acusado al señalar que la misma le llamó vía telefónica para ejecutar la conexión ilegal.
Al momento del apresamiento, además de la escalera de metal, el señor Joan Manuel Abreu Martínez portaba una soga de color azul y pintas negras de aproximadamente seis pies, un destornillador, un alicate de metal, una llave ajustable, un probador eléctrico de metal y color transparente, un tester color amarillos.
EDEEste indicó que el fraude eléctrico es un delito penal que genera consecuencias judiciales y que será perseguido con firmeza. La empresa advirtió que la responsabilidad no recae únicamente sobre quien manipula físicamente las redes: también incurre en delito quien solicita, facilita o permite la conexión irregular en su propiedad.
Tan responsable es quien ejecuta la intervención como quien la consiente o se beneficia de ella.
La solicitud de medida de coerción fue presentada por el licenciado Roberto Encarnación, procurador General de Corte, en representación de la procuradora del Sistema Eléctrico, licenciada Martha Idalia Florentino, mientras que la distribuidora estuvo representada por dos abogados.
Edeeste reiteró su compromiso con el fortalecimiento de sus mecanismos de control y su actuación dentro del marco legal, para proteger los recursos del sistema eléctrico nacional, al tiempo de hacer un llamado a los usuarios irregulares a regularizar su situación energética y evitar prácticas ilegales que conllevan consecuencias penales y económicas.
Por último, Edeeste aprovechó para recordar que el fraude eléctrico en detrimento del sistema eléctrico nacional está tipificado como delito en la Ley General de Electricidad y en el Código Penal Dominicano.
Resalta que su combate es esencial para asegurar la sostenibilidad del servicio y la equidad en el pago del consumo.
