Caracas (EFE).- Las autoridades venezolanas evalúan la posibilidad de que se otorguen «medidas de gracia» o indultos presidenciales a personas excluidas de la Ley de Amnistía, un instrumento que solo beneficia a ciertos detenidos, por lo que diferentes ONG y familiares exigen que las liberaciones se extiendan a todos los presos políticos.
El presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anticipó este sábado que «muchas» de las personas que no califican para recibir la amnistía están siendo consideradas para recibir «medidas de gracia o de indulto» presidencial.
En este sentido, detalló que, tras la promulgación de la ley esta semana, se abrió «un espacio» para que instancias como el Programa para la convivencia y paz, instalado en enero por el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez, o la comisión para la revolución judicial puedan atender casos y recomendar medidas «para personas que no estén contempladas» en la legislación.
La amnistía cubre, en teoría, el período establecido entre 1999 y 2026, pero específica 13 coyunturas políticas desde 2002, lo que excluye arrestos ocurridos en al menos 15 de los últimos 27 años, así como los casos relacionados con operaciones militares.
«Cientos de liberaciones»
El jefe del Parlamento aseguró que este mismo sábado se estaban produciendo «cientos de liberaciones» en el país, sin precisar la cantidad exacta, las identidades de los beneficiados ni ofrecer otros detalles sobre las medidas.
También, detalló que los primeros casos que se están atendiendo son del calabozo policial conocido como Zona 7 y El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), ambos ubicados en Caracas.
Asimismo, indicó que la comisión especial del Parlamento encargada del cumplimiento de la ley se declaró en «sesión permanente» y que, hasta este sábado, había recibido 1.557 solicitudes de amnistía, cuyos casos -aseguró- «se están atendiendo de inmediato».
Agregó que está previsto atender las solicitudes para que «más de 11.000» personas «puedan disfrutar libertad plena», ya que tienen medidas sustitutivas de libertad, como prohibición de salida del país y régimen de presentación ante tribunales.
Excarcelaciones verificadas
Pese al anuncio del presidente del Parlamento, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria de Venezuela, informó que hasta las 22:00 hora local del sábado (02:00 GMT) ha verificado solo 19 excarcelaciones desde la aprobación de la Ley de Amnistía el pasado jueves.
«Condenamos que, a 48 horas de aprobada la amnistía, hasta ahora solo hayamos podido verificar la excarcelación de 19 inocentes, mientras los familiares de los presos políticos se mantienen en vigilia permanente a las puertas de los centros de reclusión», reclamó en X el bloque opositor.
La PUD agregó que ha confirmado un total de 494 excarcelaciones desde el pasado 8 de enero, cuando se anunció un proceso de liberaciones impulsado por el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez.
Extender la amnistía
Por su parte, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp), integrada por familiares y activistas, exigió este sábado que los beneficios de la amnistía se extiendan a todos los presos políticos «sin discriminación ni exclusión».
La organización reconoció que con esta legislación se pueden lograr «avances parciales» y liberaciones, pero afirmó que la amnistía «solo es válida» si se garantiza «el desmontaje del sistema represivo» y si se establecen «condiciones reales y seguras» para el retorno de los exiliados.
Los familiares de presos políticos se mantienen en vigilias permanentes en las afueras de varias cárceles desde el pasado 8 de enero para exigir la libertad plena de todos los encarcelados por motivos políticos en el país suramericano.
La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, estimó el viernes que al menos 400 detenidos por estos motivos podrían estar excluidos de la amnistía e informó que entregará a la comisión especial del Parlamento una primera lista para la revisión de 232 casos.
Según sus registros, en Venezuela hay más de 600 presos políticos detenidos, tras la excarcelación de 448 personas desde el pasado 8 de enero.
El Gobierno, por su parte, asegura que en el país no hay presos políticos, sino que son personas que cometieron delitos.
