POR JUAN ARRÁEZ
CARACAS (AP) — Al menos 17 personas que permanecían detenidas por motivos políticos en una prisión del este de Caracas se reencontraron la madrugada del sábado con sus familiares tras ser liberados, al tiempo que crece la presión sobre el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez para acelerar las excarcelaciones.
Al grito de “viva la libertad” y con aplausos, los familiares apostados en los exteriores de la Zona 7, donde se encuentran los calabozos de la Policía, en la barriada de Boleíta en la capital venezolana, recibían a los liberados, unos entre algarabía y otros en medio del llanto, mientras se fundían en un abrazo con sus seres queridos.
“La esperanza creció al 2.000 por ciento, muchísima esperanza porque sabemos que se abrieron las puertas y ya salieron 17 y después de ellos van a venir más“, comentó a The Associated Press Evelin Quiaro, madre de un prisionero.
Cerca de la medianoche del viernes, el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, había anticipado en sus redes sociales que “en el marco de la Ley de Amnistía, 17 personas privadas de libertad en Zona 7, están siendo excarceladas”.
“Continuemos esta ruta para la construcción de una convivencia democrática entre hermanos”, finalizó el mensaje de Rodríguez.
No obstante, la Ley de Amnistía a la que aludió el titular del legislativo aún no ha sido aprobada en la Asamblea, donde dos días atrás se aplazó su segunda discusión por desacuerdos en la redacción de uno de sus artículos.
Entre los liberados del sábado, según la organización civil Foro Penal —que da seguimiento a la situación de los presos en Venezuela—, se encontraba también Gabriel Sánchez, un joven dentro del espectro autista, quien permanecía detenido desde noviembre de 2025.
De acuerdo con el balance del Foro Penal, hasta el viernes 644 personas continuaban presas por razones políticas. El gobierno no admite que en el país existan presos por motivos políticos y acusan a los detenidos de conspirar para desestabilizar al gobierno.
Una reciente visita a Venezuela de representantes del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos aumentó la presión sobre el gobierno de la presidenta encargada desde el 5 de enero —tras la captura del expresidente Nicolás Maduro y su esposa— para que concrete la liberación de cientos de personas cuyas detenciones datan de hace meses o años por vinculaciones a sus actividades políticas.
Familiares de quienes continúan presos han realizado vigilias e iniciaron el sábado una huelga de hambre a la espera de que sus seres queridos salgan en libertad.
Una semana atrás, fueron liberados varios dirigentes políticos de la oposición, entre ellos Juan Pablo Guanipa, cercano a la líder opositora María Corina Machado, pero horas después fue detenido nuevamente, según la Fiscalía por incumplir las condiciones de su excarcelación. Actualmente cumple arresto domiciliario.
