POR DÁNICA COTO
SAN JUAN (AP) — La gobernadora de Puerto Rico firmó el jueves una ley que enmienda una norma para reconocer a un feto como un ser humano, una medida que, según advierten médicos y expertos legales, tendrá profundas repercusiones para el territorio estadounidense.
La enmienda se aprobó sin audiencias públicas y en medio de preocupaciones de opositores, quienes alertaron que desataría confusión y afectaría la manera en que se trata a los médicos y a las mujeres embarazadas o con un posible embarazo.
La nueva ley conducirá a una “medicina defensiva”, advirtió el doctor Carlos Díaz Vélez, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico.
“Esto va a traer decisiones clínicas complejas a un ámbito de derecho penal”, señaló Díaz Vélez en una entrevista telefónica.
Señaló que es probable que las mujeres con embarazos complicados sean rechazadas por médicos privados y terminen dando a luz en el territorio continental de Estados Unidos o en el hospital público más grande de Puerto Rico, y apuntó que el deteriorado sistema de salud de la isla no está preparado.
“Esto va a traer unas consecuencias desastrosas”, expresó.
Díaz indicó que la enmienda también permite que una tercera persona intervenga entre un médico y una mujer embarazada, por lo que se violarán las leyes de privacidad, y agregó que habrá que implementar nuevos protocolos y reglamentos.
“El sistema no está preparado para esto”, sostuvo.
La gobernadora Jenniffer González, una republicana y partidaria del presidente Donald Trump, dijo en una breve declaración que “la legislación tiene el propósito de mantener coherencia entre las disposiciones civiles y penales reconociendo al concebido no nacido como ser humano”.
La enmienda, contenida en el Proyecto del Senado 923, se realizó a un artículo del Código Penal de Puerto Rico que define el asesinato.
El gobierno señaló que la enmienda complementa una ley que, entre otras cosas, clasifica como asesinato en primer grado que una mujer embarazada sea asesinada de manera intencional y a sabiendas, lo que resulta en la muerte del niño concebido en cualquier etapa de la gestación.
La ley fue nombrada en honor a Keishla Rodríguez, quien estaba embarazada al momento en que fue asesinada en abril de 2021. Su pareja, el exboxeador puertorriqueño Félix Verdejo, fue declarado culpable y sentenciado a dos cadenas perpetuas.
Algunos celebraron la enmienda del jueves, mientras que algunos opositores advierten que la ley abre la puerta a una eventual criminalización del aborto en Puerto Rico, donde siguen siendo legales.
“Se le dio personalidad jurídica al cigoto”, dijo Rosa Seguí Cordero, abogada y portavoz de la Coalición Aborto Libre, Seguro y Accesible en Puerto Rico. “Las mujeres nos quedamos sin nuestros derechos”.
Seguí enumeró posibles escenarios, entre ellos si un cigoto, o un óvulo fecundado, tendría derecho a un seguro de salud y si una mujer que pierde un feto sería sospechosa de asesinato.
Díaz señaló que incluso los médicos podrían ser considerados sospechosos de asesinato y condenó el hecho que nunca se celebraron audiencias públicas ni se consultó al sector médico.
“El problema es que aquí no se siguieron recomendaciones médicas”, manifestó. “Esto es un golpe serio… Nos pone en una situación difícil”.
Entre quienes condenaron la medida está Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Puerto Rico.
Destacó que no se permitió una discusión amplia del proyecto de ley, lo cual afirmó que es fundamental porque el código penal establece las penas más severas.
“No existe duda de que la medida no tuvo el análisis adecuado antes de su aprobación y deja un espacio de ambigüedad inaceptable para los derechos civiles”, dijo.
“El liderato legislativo no cumplió con esa responsabilidad que tiene con el pueblo y la gobernadora tampoco”, añadió.
