Por Tito Olivo
Ante el debate sobre la relación del Estado dominicano con la minería y Barrick Gold, es oportuno explorar soluciones que protejan el interés nacional sin generar litigios internacionales ni vulnerar contratos vigentes.
En ese contexto, propongo la creación de un Fideicomiso Público del Oro, presidido por el Estado Dominicano e integrado por el Gobernador del Banco Central, los rectores de universidades públicas y privadas y la Academia de Ciencias, con el objetivo de administrar estratégicamente parte de los ingresos derivados del oro.
La iniciativa plantea aprobar una ley especial que establezca que el 20% de los ingresos netos que reciba el Estado por la venta de oro sea destinado a la compra de oro físico con pureza del 99.99%, a precio internacional de mercado. Como parte del mecanismo, Barrick Gold debería hacer la primera oferta de venta al Gobierno Dominicano, sin alterar las reglas contractuales ni comerciales.
El oro adquirido sería depositado en bóvedas certificadas en Suiza, garantizando seguridad, transparencia y credibilidad internacional. Este respaldo permitiría que, ante una crisis económica o una emergencia nacional, el país pueda realizar operaciones de Gold Swap, accediendo a financiamiento a tasas muy bajas (0%–1%) para cubrir necesidades críticas como importación de combustibles, pago de nóminas públicas y servicio de la deuda.
Más que una confrontación con la inversión extranjera, esta propuesta representa una política pública moderna, legal y prudente, orientada a convertir los ingresos del oro en reservas estratégicas, fortalecer la estabilidad macroeconómica y blindar al país frente a crisis futuras.
Se trata de una alternativa responsable para defender la soberanía económica sin poner en riesgo la seguridad jurídica ni la reputación internacional de la República Dominicana.
