La muerte de Licairis Yalibes Díaz Valenzuela, nuestra Lica, no es solo un crimen más. Es una herida abierta en la conciencia nacional.
La mató quien estaba llamado a cuidar: el teniente coronel Samuel Céspedes, un hombre investido de autoridad, formado para proteger la vida y hacer cumplir la ley.
Cuando quien porta un uniforme y conoce las normas decide violentarlas, el daño se multiplica. No solo se arrebata una vida; se quiebra la confianza en las instituciones y se envía un mensaje peligroso a la sociedad. Peor aún, cuando la defensa intenta revictimizar, se intenta matar dos veces: primero en los hechos y luego en la memoria.
Este caso, calificado como homicidio voluntario, exige una respuesta judicial a la altura de la gravedad del crimen y del dolor causado.
La vida de una mujer no puede relativizarse ni diluirse entre privilegios, rangos o narrativas que buscan justificar lo injustificable.
Lica ya no estará, pero su muerte dejará huellas de justicia. No por venganza, sino por verdad, dignidad y garantías de no repetición. Porque ninguna jerarquía está por encima de la vida, porque quien estaba llamado a cuidar no puede quedar amparado por indulgencias, y porque la memoria también es justicia.
