Participación Ciudadana presento este informe especial dedicado exclusivamente al caso SENASA al que también denominaremos como caso Santiago Hazim y compartes.
El propósito de este informe es facilitar a la ciudadanía el conocimiento y la comprensión de un caso que ha afectado la salud del sector más vulnerable de la población.
Hiere la sensibilidad del más fuerte que se distraigan fondos del sector salud para comprar vehículos de lujo, o un reloj de más de RD$5,000,000.00, o botellas de whisky de más de RD$100,000.00 cada una.
El Seguro Nacional de Salud (SENASA) es una institución pública, autónoma y descentralizada, responsable de la administración de riesgo de salud de los afiliados subsidiados, pensionados de la Dirección General de Pensiones y de los contributivos del sector privado que la eligen voluntariamente.
Tiene la responsabilidad de garantizar servicios de salud de calidad a sus afiliados, administrar el riesgo con eficiencia y equidad, y organizar una red nacional de prestadores bajo criterios de descentralización.
Es importante señalar que SENASA es la Administradora de Riesgos de Salud (ARS) con mayor número de afiliados del país, abarcando más de 7.4 millones de afiliados, 70% de la población. Su rol es crucial porque es la única entidad encargada de la gestión del régimen subsidiado.
Hasta el 2020 SENASA era un modelo de gestión, ganando numerosos premios a la eficiencia y la organización, como la medalla de oro del premio iberoamericano a la calidad.
Su deterioro comenzó desde el inicio de la gestión de Santiago Hazim, pero fue a mediados del 2025 cuando múltiples denuncias e indicadores dieron lugar a investigaciones por parte de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborables (SISALRIL).
El entonces director de SENASA, Santiago Hazim fue destituido por el presidente Abinader el 13 de agosto y el día 15 del mismo mes fue designado en su lugar Edward Guzmán Padilla.
Estos hechos dieron lugar a la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público y a declaraciones del presidente Abinader de que los responsables deberán responder ante los tribunales.
El expediente se encuentra aún en la fase de investigación, la solicitud de medidas de coerción tiene 537 páginas y fue presentada el pasado 11 de diciembre.
El 15 de diciembre fueron dictadas las medidas de coerción. En este informe presentamos un resumen de 32 páginas, para facilitar su lectura, por lo menos de los aspectos esenciales. Este documento es redactado única y exclusivamente partiendo del contenido de la solicitud de medidas de coerción del Ministerio Público.
