El Centro para la Observación Migratoria y Desarrollo Social en el Caribe (OBMICA) hace un llamado a fortalecer la gobernanza de las migraciones como un eje de la gestión pública eficiente, y al reconocimiento de los aportes de las personas migrantes al desarrollo económico y social de los países.
La institución señala que, en el actual escenario de movilidad humana, los Estados deben transitar hacia un modelo que reconozca a las personas migrantes como sujetas de derechos y actores clave en el desarrollo.
En la República Dominicana, la diáspora aporta significativamente a la economía nacional a través de remesas, como resultado del esfuerzo laboral de miles de dominicanos en el exterior, y constituye el principal sustento de hogares que enfrentan entornos de vulnerabilidad.
OBMICA analiza con atención el endurecimiento de las políticas migratorias internacionales su impacto en la vida de las personas migrantes y sus familias.
En este contexto, señala la situación de los dominicanos en Estados Unidos que enfrentan incertidumbre sobre su estatus legal o se encuentran en procesos de interdicción y deportación.
Estos procedimientos suelen implicar la privación de libertad y traslados sucesivos entre centros de detención, lo que agrava el impacto de las medidas adoptadas, especialmente para aquellas personas que intentaron regularizar su situación sin éxito.
En el ámbito nacional, ante el volumen sin precedentes de deportaciones en territorio dominicano, se observa la imposibilidad de garantizar el debido proceso en la ejecución de los operativos.
En ese sentido, se enfatiza la necesidad de aplicar de manera efectiva las medidas de protección a mujeres, niñas, niños y otras poblaciones en situación de vulnerabilidad, conforme a lo establecido en el marco legal vigente.
La institución destaca la importancia de garantizar el acceso a servicios de salud de manera oportuna, superando percepciones que vinculan las limitaciones del sistema con la presencia de población migrante.
Según los reportes de monitoreo de OBMICA, a través de su proyecto MIGRASALUD, se observan dificultades crecientes en el acceso a la salud de las personas migrantes y sus familias que residen y trabajan en el país.
Si bien existe una percepción de que esta población representa una carga para el sistema de salud, la evidencia sobre sus aportes económicos sugiere una realidad diferente: las personas migrantes tienen potencial para contribuir a la sostenibilidad de un sistema que requiere fortalecimiento, a través de mecanismos que permitan canalizar recursos de forma organizada y transparente.
Finalmente, OBMICA reitera su compromiso con la promoción de políticas migratorias justas. La institución hace un llamado a las autoridades a reforzar la institucionalidad como eje central de una gobernanza migratoria efectiva y respetuosa de los derechos humanos.
