-Dice maniobras afectaron reservas de Senasa por RD$15,000 millones
El Ministerio Público sostiene que en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) operó, durante varios años, una estructura criminal dirigida a desviar fondos públicos, manipular procesos internos y beneficiar económicamente a un grupo de funcionarios y allegados.
La acusación, contenida en la solicitud de medida de coerción y declaratoria de complejidad, depositada anoche, describe un entramado que combinó fraude administrativo, corrupción, falsificación documental y lavado de activos. Por el momento hay diez acusados.
Según la investigación, la red habría sido encabezada por el entonces director ejecutivo del Senasa, Santiago Marcelo Hazim Albainy, junto a varios gerentes y colaboradores estratégicos.
Este grupo, de acuerdo con la imputación, creó un sistema paralelo de toma de decisiones que anulaba los controles institucionales y permitía manipular la contratación y habilitación de prestadores de servicios de salud.
Uno de los puntos centrales del expediente es la presunta manipulación de los sistemas financieros y administrativos del asegurador estatal.
El MP afirma que los imputados alteraron estados financieros, introdujeron reclamaciones falsas y justificaron pagos irregulares mediante documentación adulterada. Estas maniobras habrían afectado directamente las Reservas Técnicas de Senasa, con un perjuicio estimado en más de 15,900 millones de pesos hasta diciembre de 2024.
La acusación también detalla un esquema de corrupción interna mediante el cual se negociaba la aprobación, ampliación o habilitación de prestadores a cambio de sobornos.
Para ello, se habría utilizado un «comité operativo» integrado por gerentes cercanos al director ejecutivo, encargado de centralizar las decisiones sensibles del seguro.
El Ministerio Público afirma que se trató de un mecanismo diseñado para vulnerar los requisitos regulatorios y facilitar beneficios económicos ilícitos.
Empresas de carpeta
Otro elemento señalado es el uso de empresas de carpeta y facturación ficticia para lavar los recursos desviados. Las operaciones incluían triangulación bancaria, compras simuladas y la utilización de terceros para ocultar el origen de los fondos.
En ese contexto, se citan beneficios personales derivados del esquema, como la adquisición de un vehículo de lujo mediante intermediación financiera.
El expediente atribuye a los imputados delitos de asociación de malhechores, corrupción administrativa, coalición de funcionarios, estafa contra el Estado, falsificación, soborno y lavado de activos en su forma agravada.
El Ministerio Público concluye que las acciones investigadas no solo causaron un perjuicio patrimonial significativo, sino que comprometen la sostenibilidad del seguro público y la protección social de millones de afiliados, especialmente los de mayor vulnerabilidad.
Los imputados
Entre los imputados figuran Gustavo Enrique Messina Cruz, vinculado a la manipulación de procesos internos y operaciones fraudulentas dentro de la institución.
También Germán Rafael Robles Quiñones, consejero jurídico del Senasa. El MP lo sitúa dentro del núcleo operativo cercano al director y lo señala por avalar procesos irregulares y facilitar decisiones contrarias a la ley.
Otra acusada es Minerva Minaya Reyes, por su alegado rol en la administración de procesos y ejecución de maniobras fraudulentas.
A Cinty Acosta Sención se la relaciona con supuestas adulteraciones documentales y procesos internos irregulares.
Rafael Luis Martínez Hazim aparece imputado «por su intervención en maniobras vinculadas al desvío de fondos y operaciones administrativas fraudulentas».
A Ramón Alan Speaker Mateo se le atribuyen funciones dentro del esquema para viabilizar decisiones fraudulentas y operaciones irregulares en el asegurador público.
Mientras que a Heidi Mariela Pineda Perdomo se la acusa por su supuesta participación en operaciones de facturación, procesos administrativos y tareas vinculadas al desfalco.
Otra imputada es Ada Ledesma Ubiera, aunque también se menciona en la sección de víctimas como figura institucional vinculada al Estado. Es señalada por su alegado rol en maniobras administrativas irregulares.
