POR NICOLE WINFIELD
CIUDAD DEL VATICANO (AP) — La junta de protección infantil del Vaticano afirmó el jueves que la Iglesia católica tiene la obligación moral de ayudar a sanar a las víctimas de abusos sexuales del clero, e identificó las indemnizaciones financieras y las sanciones para los abusadores y sus facilitadores como remedios esenciales.
La Comisión Pontificia para la Protección de Menores se centró en el tema de las reparaciones en su segundo informe anual. Es un tema a menudo sensible para la Iglesia, dadas las implicaciones financieras, reputacionales y legales que impone a la jerarquía.
El reporte era significativo: una publicación oficial del Vaticano preparada con el aporte de 40 sobrevivientes de abuso de todo el mundo, dando voz a sus quejas sobre cómo la Iglesia había manejado mal sus casos y sus demandas de lo que necesitan para sanar.
El documento indicó que los acuerdos monetarios son necesarios para proporcionar a las víctimas la terapia y otra asistencia necesarias para ayudarlas a recuperarse del trauma de su abuso.
Sin embargo, señaló que la Iglesia tiene una deuda mucho mayor con las víctimas, la comunidad eclesial en general y Dios. La jerarquía debe escuchar a las víctimas y proporcionarles ayuda espiritual y pastoral.
Los líderes de la Iglesia deben disculparse por el daño causado, e informar a las víctimas sobre lo que están haciendo para castigar a quienes las lastimaron y qué medidas están tomando para prevenir futuros abusos, según el informe.
“La Iglesia tiene una obligación moral y espiritual de sanar las profundas heridas infligidas por la violencia sexual perpetrada, facilitada, mal manejada o encubierta por cualquier persona en una posición de autoridad en la Iglesia”, afirmó.
El papa León señala compromiso con la comisión
El informe cubre el año 2024, un período antes de que el papa León XIV fuera elegido. El primer papa estadounidense de la historia ha reconocido que el escándalo de abuso sigue siendo una “crisis” para la Iglesia, y que las víctimas necesitan más que reparaciones financieras para sanar.
Ha señalado un compromiso con la comisión, que fue creada por el papa Francisco en 2014 para asesorar a la Iglesia sobre las mejores prácticas para prevenir el abuso. En su primera década, la comisión luchó por encontrar su lugar en un Vaticano a menudo reacio a enfrentar la crisis de abuso y hostil a respaldar políticas centradas en las víctimas.
Pero más recientemente, la comisión ha encontrado su espacio en la burocracia del Vaticano y en julio, León nombró a un nuevo presidente, el obispo francés Thibault Verny.
En una conferencia de prensa para presentar el informe, Verny dijo que el texto refleja la creencia de la comisión de que una cultura de prevención en la Iglesia requiere la participación activa de las víctimas.
El informe en sí fue preparado con víctimas en un entorno de grupos de trabajo que enumeraron prioridades para su sanación.
Identificaron la rendición de cuentas de los líderes de la Iglesia, información sobre sus casos, una verdadera reforma de las estructuras de la Iglesia para castigar adecuadamente a los abusadores y sus facilitadores, y estrategias de prevención efectivas.
“La comisión está comprometida a decir a las víctimas y sobrevivientes: ‘Queremos estar a su lado’”, dijo Verny.
Un proceso legal que es en sí mismo retraumatizante
En un aspecto significativo, el informe de 2024 indicó que la forma en que la Iglesia maneja los casos de abuso internamente, según un proceso secreto en el que no se rinden cuentas de forma tangible, es en sí misma retraumatizante para las víctimas.
“Debemos enfatizar nuevamente que el patrón de décadas de la Iglesia de manejar mal los reportes, lo que incluye abandonar, ignorar, avergonzar, culpar y estigmatizar a las víctimas/sobrevivientes, perpetúa el trauma como un daño continuo”, señaló.
Era una referencia a la forma disfuncional de la Iglesia de tratar los casos de abuso según su código canónico interno, donde el castigo más severo impuesto a un sacerdote violador en serie equivale a ser despedido.
El proceso está envuelto en secreto, de modo que las víctimas no tienen derechos a obtener información sobre su caso más allá de conocer su resultado, que a menudo llega después de una espera de años. Las víctimas no tienen un recurso real más allá de hacer pública su historia, lo que puede ser retraumatizante.
El informe pidió sanciones que fueran “tangibles y proporcionales a la gravedad del crimen”. Aunque la laicización es un posible resultado para los sacerdotes que violan a niños, la Iglesia a menudo se resiste a expulsar por completo a los sacerdotes.
Frecuentemente impone sanciones menores, como un período de retiro lejos del ministerio activo incluso en casos graves de abuso.
Incluso cuando un obispo es apartado por manejar mal los casos, al público solo se le informa de que se ha retirado. El informe pidió que la Iglesia “comunique claramente las razones de la renuncia o remoción”.
Una auditoría de países y oficinas del Vaticano
El informe proporcionó una auditoría de políticas y prácticas de protección infantil en más de una docena de países, así como dentro de dos órdenes religiosas, un movimiento laico y una oficina del Vaticano.
El informe encontró que la oficina de evangelización misionera del Vaticano, que es responsable de la Iglesia en África, Asia y partes del mundo en desarrollo, tiene los recursos para manejar los casos de abuso.
Pero señaló que solo un “pequeño número de casos” realmente llega a Roma, lo que sugiere que la Iglesia en África y Asia sigue décadas detrás de Occidente en la denuncia y manejo de casos de abuso.
El informe indicó que la oficina misionera solo había manejado dos casos de obispos que manejaron mal los casos de abuso, un número asombrosamente bajo dado el tamaño del territorio involucrado.
Tales datos sugieren que el Vaticano aún tiene un largo camino por recorrer en partes del mundo donde el abuso, especialmente el abuso homosexual, sigue siendo un tema tabú en la sociedad en general y donde la Iglesia enfrenta problemas más amplios de guerra, conflicto y pobreza.
