POR MARK SHERMAN
WASHINGTON (AP) — Un ataque republicano a una disposición central de la Ley de Derecho al Voto, diseñada para proteger a las minorías raciales, llega esta semana a la Corte Suprema, más de una década después de que los jueces eliminaran otro pilar de la ley de 60 años de antigüedad.
En los argumentos del miércoles, los abogados de Luisiana y la administración Trump intentarán persuadir a los jueces para que eliminen el segundo distrito congresional mayoritariamente negro del estado y hagan mucho más difícil, si no imposible, tener en cuenta la raza en la redistribución de distritos.
“La redistribución de distritos basada en la raza es fundamentalmente contraria a nuestra Constitución”, escribió la fiscal general de Luisiana, Elizabeth Murrill, en la presentación del estado ante la Corte Suprema.
Ya se está desarrollando una batalla sobre la redistribución de distritos congresionales en todo el país después de que el presidente Donald Trump comenzara a instar a Texas y otros estados controlados por republicanos a redibujar sus líneas para facilitar que el Partido Republicano mantenga su estrecha mayoría en la Cámara de Representantes.
Un fallo a favor de Luisiana podría intensificar ese esfuerzo y extenderse a los distritos legislativos estatales y locales.
La corte dominada por conservadores, que hace solo dos años puso fin a la acción afirmativa en las admisiones universitarias, podría ser receptiva.
En el centro de la lucha legal está el presidente del tribunal John Roberts, quien ha tenido la ley de derechos civiles en su mira desde su tiempo como joven abogado en el Departamento de Justicia de la era Reagan hasta su trabajo actual.
“Es un negocio sórdido, este de dividirnos por raza”, escribió Roberts en una opinión disidente en 2006 en su primer caso importante de derechos de voto como presidente del tribunal.
En 2013, Roberts escribió para la mayoría al desmantelar el requisito de la ley histórica de que los estados y gobiernos locales con un historial de discriminación, principalmente en el sur, obtengan aprobación antes de realizar cualquier cambio relacionado con las elecciones.
“Nuestro país ha cambiado, y aunque ninguna discriminación racial en la votación es aceptable, el Congreso debe asegurarse de que la legislación que aprueba para remediar ese problema hable de las condiciones actuales”, escribió Roberts.
La disposición impugnada se basa en condiciones actuales
Los desafíos bajo la disposición conocida como la Sección 2s de la ley de derecho al voto deben poder mostrar que hay una votación racialmente polarizada y una incapacidad de las poblaciones minoritarias para elegir candidatos de su elección, entre otros factores.
“La raza sigue siendo un factor muy presente en los patrones de votación actuales en el estado de Luisiana. Es cierto en muchos lugares del país”, declaró Sarah Brannon, subdirectora del Proyecto de Derechos de Voto de la Unión Americana de Libertades Civiles.
El caso de Luisiana llegó a este punto solo después de que votantes negros y grupos de derechos civiles demandaran y ganaran fallos de tribunales inferiores que anularon el primer mapa congresional dibujado por la Legislatura controlada por el Partido Republicano del estado después del censo de 2020. Ese mapa creó solo un distrito mayoritariamente negro entre seis escaños en la Cámara en un estado que es un tercio negro.
Luisiana apeló a la Corte Suprema pero finalmente agregó un segundo distrito mayoritariamente negro después del fallo 5-4 de los jueces en 2023 que encontró una probable violación de la Ley de Derecho al Voto en un caso similar sobre el mapa congresional de Alabama.
Roberts y el juez Brett Kavanaugh se unieron a sus tres colegas más liberales en el resultado de Alabama. Roberts rechazó lo que describió como “el intento de Alabama de rehacer nuestra jurisprudencia de la Sección 2″.
Eso podría haber resuelto las cosas, pero un grupo de votantes blancos se quejó de que la raza, no la política, era el factor predominante que impulsaba el nuevo mapa de Luisiana. Un tribunal de tres jueces estuvo de acuerdo, lo que llevó al caso actual de la corte superior.
