Según miembros de la judicatura, «no todo el que llega a un acuerdo es culpable», sino que prefieren la negociación por lo oneroso y agotador que resulta ser el litigio.
San Juan, Puerto Rico – En Puerto Rico, cuyo sistema de justicia es de origen anglosajón, un 95 por ciento de los procesos se negocian, inclusive muchos que tienen que ver con crímenes, debido a que, según miembros de la judicatura de la isla, los tribunales colapsarían si todos los expedientes se conocen hasta el final del litigio.
Con una población de poco más de 3.2 millones de habitantes, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico cuenta con un total de 40 tribunales ubicados en 13 jurisdicciones y, de acuerdo con la Ley Núm.201-2003, de la Judicatura, el Poder Judicial «debe [promover ] una sociedad menos litigiosa».
Los arreglos se alcanzan, incluso, aunque menos frecuentes, en casos de asesinatos, con la admisión de la culpas por un período de reclusión más benigno.
Las penas por asesinatos en Puerto Rico son de 99 años, pero pueden llegar hasta los 140 años de prisión si concurren otros delitos como la violación a la ley de armas.
«En los casos de asesinatos no es tan frecuentes llegar a negociaciones como en el resto de los casos», sostuvo la jueza administradora de la jurisdicción de Bayamón, Carmen Otero Ferreiras.
Durante una visita de periodistas dominicanos a los tribunales puertorriqueños, Otero Ferreiras explicó que los estudios han concluido que la gravedad de la pena no es disuasiva del delito.
Acuerdo y culpabilidad
Sigfrido Steidel Figueroa, juez del Tribunal de Apelaciones y director administrativo de los tribunales de Puerto Rico, quien dijo que los casos se resuelven con un arreglo en el 95 por ciento de los procesos, aseveró que el mayor sometimiento corresponde a controversias de salud mental, órdenes de protección, conflictos entre vecinos y violencia doméstica.
Manifestó que «no todo el que llega a un acuerdo es culpable».
En ese sentido, dice que hay muchos acusados que se deciden por una negociación por lo oneroso y agotador que resulta ser la judicialización.
En República Dominicana, solo el 13 por ciento de los procesos se resuelven en acuerdos, lo que para el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina, que se ha referido al tema en varias ocasiones, «no es sostenible» para el Poder Judicial.
El ánimo litigioso del dominicano, según Molina, es cultural. Para los boricuas lo es la negociación, la cual ponen en vigencia desde hace décadas, según sus representantes.
Sin embargo, Sigfrido Steidel Figueroa sostiene que «la mediación no es obligatoria», por ejemplo, en el proceso penal, es una opción de las partes.
«Que las partes puedan llegar a un acuerdo ente ellas, sí eso puede ocurrir, pero no tenemos institucionalizado una mediación para procesos penales como tal», indicó.
Costo y no todo se apela
Apelar una sentencia de primera instancia tiene un costo de 100 dólares y el Tribunal de Apelaciones no está obligado a revisar cualquier decisión del juez de primer grado que no sea la sentencia.
«El Tribunal de Apelaciones no está obligado a revisar cualquier otra decisión, resolución u orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia, como las que atienden asuntos sobre el proceso de un caso pero no resuelven de forma final la controversia», se explica en una guía educativa del Poder Judicial puertorriqueño.
Al respecto, el director administrativo de los tribunales boricuas, dice que de 250 mil casos procesados en Primera Instancia, solamente se recurren 3,000.
Lo penales son menos
En el encuentro con periodistas dominicanos, Sigfrido Steidel Figueroa informó que la menor cantidad de casos en las diferentes instancias judiciales puertorriqueñas corresponden al área penal.
Lo atribuyó a algunas razones particulares, entre ellas la tolerancia a nivel gubernamental del consumo de cannabis, con la creación de una reglamentación que despenaliza su uso medicinal y la legalización parcial de su consumo.
Sostuvo que todas las drogas más fuertes se siguen combatiendo y castigando.
También citó el hecho de que haya tribunales federales que persiguen y procesan los delitos federales, entre ellos el narcotráfico.
Otro de los programas que menciona van dirigidos a problemas sociales como la dependencia al alcohol y de otras sustancias controladas, en los que se registre violencia.
Si el imputado acepta su culpabilidad se somete a tratamiento bajo supervisión de instituciones especialistas en salud mental, «con la condición que superada alguna condición de consumo, si cumplen con las condiciones que se les impone se les archiva los cargos criminales», indicó.
Figueroa aseguró que es un programa cuyos números han demostrado ser efectivos «sobre un 90 por ciento».
Los que participan «no vuelven a reincidir», en cuanto a otra denuncia penal «porque pueden consumir droga y no nos enteramos pero no regresan a la puerta giratoria de los tribunales con un caso penal».
Para las personas con otras enfermedades mentales, una ley les concede «obtener un remedio para ingresar en una institución de salud mental».
El juez del Tribunal de Apelaciones y director administrativo de los tribunales de Puerto Rico añadió que la Ley es la 408, con la cual una persona cercana o un familiar del enfermo solicita al tribunal una orden de ingreso involuntario de quien se trate porque necesita tratamiento médico.
Indicó que el hospital le va a exigir el consentimiento de una persona adulta, por lo que se podrá solicitar al tribunal la orden porque el enfermo no está apto para decidir.
