La audiencia del juicio de fondo contra el mayor general Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) durante los gobiernos de Danilo Medina, y otros acusados de corrupción administrativa, fue pospuesta para el martes 23 de septiembre.
La suspensión se debe a una licencia médica de 14 semanas presentada por una de las imputadas, quien dio a luz de manera prematura, lo que impidió la continuación del proceso en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Actualmente, el caso se encuentra en la fase de presentación de pruebas testimoniales por parte de la defensa, que incluye a militares y oficiales de la Policía presuntamente vinculados a una red que habría defraudado al Estado por más de 4,500 millones de pesos.
Al concluir esta etapa, el juicio avanzará hacia la presentación probatoria final, donde entre los principales acusados figuran, además de Cáceres Silvestre, el general Juan Carlos Torres Robiou, el general Boanerges Reyes Batista; el coronel Carlos Augusto Lantigua Cruz; Élida María Trinidad Santiago; Manuel de Jesús Alba; el general retirado Epifanio Peña Lebrón; el teniente coronel Erasmo Roger Pérez; Erick Daniel Pereira; la exgerente de Banreservas, Esmeralda Ortega Polanco y el capitán Franklin Mata Flores.
Asimismo, enfrentan el proceso Jehohanan Rodríguez Jiménez; el mayor de la Policía José Manuel Rosario Pirón; el general de la FARD Juan Carlos Torres Robiou; el exsubjefe del CUSEP, general Julio de los Santos Viola; Kelman Santana; Lucía de los Santos Viola; Manuel Alba Solano; el coronel de la FARD Miguel Ventura Pichardo; Onoris Soto de los Santos; el capitán Pedro Castillo Nolasco; el coronel de la Policía Rafael Núñez de Aza; el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón; la pastora Rossy Guzmán; y Santiago Antonio Suárez, entre otros.
Presuntos desfalcos
La acusación del Ministerio Público establece que los imputados desviaron fondos del Cusep y Cestur a través de maniobras fraudulentas y también sustrajeron recursos del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
Asimismo, señala que los de mayor rango acumularon patrimonios millonarios con dinero sustraído del erario, afectando la calidad de vida de oficiales subalternos y alistados, quienes sufrieron salarios reducidos y condiciones económicas adversas, mientras sus superiores llevaban vidas de lujo.
Entre los bienes supuestamente adquiridos con los fondos ilícitos, el Ministerio Públicoincluye apartamentos lujosos, vehículos de alta gama, fincas, residencias, objetos de lujo y sociedades comerciales.
Estos hechos, según el órgano persecutor, constituyen delitos de asociación de malhechores, coalición de funcionarios, estafa contra el Estado, desfalco, violación a la ley de declaración jurada y lavado de activos, entre otros.
