El miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, Julio Horton, criticó con dureza al presidente Luis Abinader, calificando su gestión como “la más catastrófica de la historia dominicana”.
La crítica surge a raíz del decreto emitido por Abinader que omite los procedimientos establecidos para compras y contrataciones, lo que, según Horton, evidencia una falta de planificación y gestión por parte del gobierno.
“La gestión del gobierno del PRM ha sido una catástrofe para la República Dominicana. Si bien la ley contempla excepciones, estas son para casos como huracanes o emergencias sanitarias. La pandemia podría justificarlo, así como los huracanes, pero no la situación actual”, afirmó Julio Horton,
Durante una entrevista en el programa Matutino Su Mundo, Julio Horton cuestionó el decreto que exime al sector eléctrico de los procedimientos habituales de compras y contrataciones.
Además, denunció un fracaso generalizado del gobierno en los servicios públicos, señalando deficiencias en áreas como energía, seguridad ciudadana, salud y generación de empleos.
“La realidad es que no hay un servicio público que no esté deteriorado. Salud, seguridad, empleo, electricidad, todos han sido abandonados”, sostuvo.
“No hay un servicio público que sirva”
El dirigente afirmó que la gestión del PRM ha fracasado no solo en energía, sino en casi todas las áreas de servicios.
“El gobierno fracasó en materia de suministro de energía. La ley contempla excepciones solo en situaciones catastróficas, como huracanes o pandemias, no por falta de planificación. Dictar ese decreto es una muestra clara de incapacidad”, expresó Horton.
Fracaso en materia energética
Horton aseguró que, en los cinco años de gestión del gobierno, no se ha construido “ni una sola planta eléctrica”. Señaló que la población ha tenido que depender nuevamente de inversores, los cuales a menudo no logran cargarse debido a la insuficiencia del suministro eléctrico.
“Los apagones se prolongan hasta 24 horas, la factura se ha duplicado y no existe un aporte nuevo de megavatios al sistema. Las plantas que hoy sostienen la generación eléctrica fueron heredadas de los gobiernos del PLD”, subrayó.
Asimismo, denunció que las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDES) han aplicado aumentos encubiertos en la facturación. “Se ha cobrado de más a los ciudadanos, lo reconoció incluso un funcionario del sector, y eso ha generado cientos de miles de reclamaciones que no se dan abasto para resolver”, explicó.
Para Horton, el gobierno de Abinader se ha caracterizado por la improvisación, la incoherencia y la falta de planificación.
“El cambio que prometieron se convirtió en un fracaso. No hay resultados en energía, salud, empleo ni seguridad. Lo único que ha quedado claro es que el pueblo dominicano sufre cada día más la ineficiencia de este gobierno”, dijo.
Senasa en crisis
Horton también se refirió a la situación del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el cual calificó como “otro de los grandes fracasos” de la actual gestión.
“Senasa, que era un referente de calidad y competencia frente a las ARS privadas, hoy está quebrado. Las clínicas privadas tienen entre 8 y 12 meses sin recibir pagos, y algunos centros llevan hasta un año sin cobrar. Los médicos ya no quieren aceptar ese seguro porque no paga. Lo destruyeron en apenas cinco años”, denunció.
Aseguró que la crisis golpea directamente a los pacientes más vulnerables: “¿Cuántos enfermos de cáncer no tienen sus medicamentos? ¿Cuántas parturientas sufren por la falta de insumos en los hospitales públicos? Ese dinero pudo destinarse a salud y no a negocios turbios”, expresó.
Asimismo, destacó que Senasa, ante esa quiebra, un sistema de seguro que se había convertido en una de las principales ARS del país, compitiendo con el sector privado.
«Eso da mucha pena porque estamos hablando de la salud del ciudadano”, manifestó, advirtiendo que el gobierno está afectando la confianza pública y la atención sanitaria en el país.
Se debe poner en movimiento la acción pública
Julio Horton enfatizó la necesidad de activar la acción pública en casos de corrupción, en lugar de limitarse a declaraciones mediáticas. “Lo que se debe hacer es poner en movimiento la acción pública y no estar maquillando y dándole vuelta al tema, porque ahí hay actos de corrupción que son ya esos vos populis”, afirmó.
El dirigente político cuestionó la transparencia del proceso de las investigaciones actuales y exigió resultados concretos. “¿Cuál es el resultado de la investigación? ¿Dónde está la investigación? Todo se queda en rueda de prensa”, denunció, subrayando la frustración de la ciudadanía ante la falta de avances en casos de alto perfil.
Deterioro de la seguridad ciudadana
El dirigente opositor calificó como “otro rotundo fracaso” la política de seguridad implementada por el gobierno. Criticó la contratación de asesores internacionales, primero españoles y luego colombianos, para reformar la Policía Nacional.
“Se gasta más de dos millones de pesos mensuales en asesores extranjeros mientras aquí tenemos generales y una universidad especializada en seguridad ciudadana sin recursos para operar. Esa universidad, cuya construcción está a medio terminar, debía ser el centro de formación policial. ¿Cómo puede hablarse de reforma si no se invierte en preparar a los agentes?”, cuestionó.
Añadió que las medidas adoptadas, como el cambio de uniformes y la implementación de códigos QR, son superficiales. “La criminalidad crece todos los días. No hay resultados tangibles en la lucha contra la delincuencia. El fracaso es evidente”, indicó.
Señal negativa con el caso Maxi Montilla
Sobre el acuerdo con Maxi Montilla, señalado en un caso de presunta corrupción, Horton dijo que la decisión del Ministerio Público representa una grave distorsión de la justicia.
“El criterio de oportunidad existe, pero no se puede aplicar a delitos de desfalco al Estado. ¿Cómo se permite que alguien devuelva una mínima parte del dinero sustraído y quede libre de consecuencias penales? Eso envía la señal de que en República Dominicana se puede robar mucho y luego negociar con el sistema”, advirtió.
Horton explicó que, jurídicamente, nadie puede ser sometido dos veces por la misma causa, un principio elemental del derecho. “Es por eso que, con la homologación del acuerdo judicial, el expediente queda cerrado y técnicamente blindado frente a cualquier nuevo intento de sometimiento”, precisó.
Aseguró que esta medida protege al imputado, pero al mismo tiempo genera cuestionamientos sobre la transparencia y la justicia en casos de corrupción de alto perfil.
Recordó que el acuerdo fue homologado por un tribunal, lo que blinda el expediente y cierra cualquier posibilidad de sometimiento posterior. “Ese caso evidencia la mano del gobierno y manda un mensaje muy dañino a la sociedad y a la clase política”, concluyó.
