Las muertes por intervención policial aumentan en un 195% en los últimos cuatro años, denuncia el PLD en Rueda de Prensa.
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) mostró su preocupación por el patrón creciente de muertes a manos de agentes de la Policía Nacional, reportadas como “intercambios de disparos”, que, según evidencia pública y estándares internacionales, podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.
El PLD defendió el derecho a la seguridad ciudadana, al tiempo que rechazó toda práctica que vulnere el derecho a la vida y el debido proceso.
La organización política lo expuso en rueda de prensa este lunes en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez, siendo vocero Yván Lorenzo, vicepresidente del PLD, acompañado de sus homólogos Juan Temístocles Montas y Zoraima Cuello, así como Domingo Jiménez Reyes, miembro del Comité Político
Refiere que en los últimos meses se han registrado unas 50 muertes en hechos que podrían ser catalogados como violatorios de los derechos humanos, reseñados por la prensa nacional como presuntos “intercambios de disparos”, llegando en el mes de julio a 82 casos.
Al mismo tiempo, el Gobierno reportó una tasa de homicidios en un dígito (7.9 en mayo; 8.22 en julio de 2025), mientras las muertes por intervención policial aumentan en un 195% en los últimos cuatro años.
Cabe recordar que el Informe 2024 del Departamento de Estado de Estados Unidos señaló la existencia de reportes creíbles de homicidios arbitrarios o ilegales por agentes estatales en la República Dominicana.
El PLD exigió que se desarrollen investigaciones penales independientes en cada muerte por intervención policial, aplicando el Protocolo de Minnesota, estándar de la ONU para investigar muertes potencialmente ilícitas (ejecuciones extrajudiciales, muertes bajo custodia u operativos policiales), garantizando verdad, justicia, reparación y la cadena de custodia.
También reclama la suspensión inmediata de los agentes involucrados mientras duren las pesquisas y la preservación íntegra de las evidencias, incluyendo grabaciones, demanda del uso obligatorio de cámaras corporales con métricas públicas de su utilización y sanciones automáticas por apagar o manipular estos dispositivos durante los operativos.
Asimismo, solicitó la creación de un tablero mensual de uso de la fuerza con disparos efectuados, heridos y fallecidos (civiles y agentes), denuncias y estado procesal por provincia y unidad, entre otros.
La organización política propuso además acciones inmediatas como la creación una Comisión Especial de Seguimiento a Muertes por Intervención Policial, con facultad de requerir información y celebrar audiencias públicas, regla de 72 horas: publicación, del parte técnico mínimo de cada caso (hora, lugar, unidad actuante, motivo de la intervención, evidencia levantada, armas incautadas y videos disponibles).
Igualmente, cobertura nacional de cámaras corporales y protocolo de activación obligatoria, con integración a la cadena de custodia digital, plan de capacitación y asistencia técnica.
Sugiere implementar programa de capacitación y recertificación en uso diferenciado de la fuerza, desescalada y armas no letales para las unidades de mayor letalidad y asistencia técnica internacional (CIDH/ONU) para revisar el marco operativo y elevar los estándares de rendición de cuentas.
“Exigimos verdad, justicia y garantías de no repetición de los hechos que denunciamos. Ninguna política pública debe medir su éxito por la cantidad de “abatidos”, sino por la reducción sostenible del delito dentro del marco constitucional”, concluye el documento expuesto en Rueda de Prensa por el ex senador de la República, Yvan Lorenzo.
