El abogado penalista Cándido Simón advirtió este viernes a los ex administradores de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDES) que “deben dormir con ropa”, debido a su implicación en negocios ilícitos con Maxi Montilla, cuñado del expresidente Danilo Medina.
“Las figuras claves van a ser los ex administradores de las EDES. Yo pienso que deben dormir con ropa”, afirmó Simón.
Durante una entrevista en el programa Matutino Su Mundo, el jurista explicó que, si Montilla testifica en su contra, se abrirán procesos penales, aunque existe la posibilidad de acuerdos para resarcir los daños al Estado, dado que el crimen de corrupción es principalmente de naturaleza económica.
Acuerdos alternativos: origen y eficacia
El jurista destacó que, al tratarse de un delito económico, los exfuncionarios podrían optar por acuerdos para resarcir los daños al Estado, siguiendo un modelo norteamericano de justicia negociada.
“El crimen de corrupción es esencialmente económico y el sistema de pre-bargaining permite solucionar conflictos y resarcir el daño causado”, señaló.
Señaló que este mecanismo ha sido efectivo incluso en casos internacionales de gran relevancia, como el del expresidente de Panamá, Maduro Vega, procesado en Estados Unidos por narcotráfico.
Nueva línea procesal de la Procuradora
El abogado también se refirió a la línea procesal adoptada por la procuradora Yeni Berenice Reynoso, quien prioriza soluciones alternativas en conflictos, incluida la violencia de género.
Según Simón, esta política se centra en menos procesos judiciales y más recuperación de activos, evitando juicios prolongados que resultan en condenas bajas y costos altos para el Estado.
Asimismo, explicó que se está implementando un plan piloto de “Casas de Justicia”, fiscalías comunitarias destinadas a resolver conflictos menores sin judicializarlos.
Este modelo busca abordar problemas familiares y comunitarios de forma directa, replicando experiencias anteriores promovidas por la procuradora en Santiago y el Distrito Nacional.
El Estado gana con acuerdos
Simón resaltó que en el caso de Maxi Montilla, el Estado “gana” porque recupera los fondos sustraídos sin necesidad de mantenerlo en prisión, es preferible recuperar lo robado a prolongar un proceso judicial con condenas bajas.
“La corrupción es un delito económico, y la política penal moderna manda recuperar lo recuperable. Este acuerdo es preferible a un proceso penal que terminaría con una sentencia relativamente baja”, concluyó.
