Diversas voces han exigido a las autoridades dominicanas tomar medidas ante lo que consideran una creciente impunidad mediática, señalando a figuras públicas con antecedentes judiciales que continúan utilizando plataformas de comunicación para difamar y dañar reputaciones sin consecuencias legales.
La denuncia, dirigida específicamente a la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, y al presidente de la República, Luis Abinader, reclama una actuación firme del Estado frente a casos de supuesta difamación pública protagonizados por Claudina Pérez Ramírez, conocida como “La Tora”, y Antonio Carbone.
Ambos han enfrentado procesos judiciales en el pasado, sin embargo, según los denunciantes, continúan apareciendo en medios de comunicación, realizando acusaciones y comentarios que presuntamente afectan la honra de empresarios, funcionarios y ciudadanos, sin que se les aplique el marco legal correspondiente.
Los demandantes exigen que se investigue penalmente cualquier expresión considerada difamatoria proveniente de estas figuras. Asimismo, solicitan que se aplique rigurosamente el Código Penal dominicano, junto a la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento y la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que regulan los delitos contra el honor y los crímenes informáticos.
Entre las medidas propuestas está el retiro de plataformas de comunicación a quienes reinciden en el uso de medios como herramienta de ataque personal, argumentando que estos comportamientos representan una amenaza para la dignidad humana y el Estado de Derecho.
Los firmantes de esta denuncia pública aseguran que no se debe permitir que personas con antecedentes penales utilicen los micrófonos para ejercer lo que consideran «linchamientos públicos», promoviendo así un clima de impunidad que, afirman, vulnera derechos fundamentales.
El reclamo concluye con un llamado a fortalecer la institucionalidad, señalando que la justicia debe aplicarse sin selectividad y que el silencio ante estos casos constituye una forma de violencia.
“El honor no tiene precio”, afirman, en un mensaje enfático que busca visibilizar la problemática y movilizar a las autoridades para que actúen conforme a derecho.
