Representantes del sector medioambiental manifestaron que ante la reciente aprobación por parte del Ministerio de Medio Ambiente de los Términos de Referencia (TDR) para el estudio de impacto ambiental del Proyecto Minero Romero, ubicado en San Juan de la Maguana, lo que procede ahora es conformar un comité técnico de personalidades y entidades científicas que dé acompañamiento en calidad de veedores para garantizar que los resultados sean confiables.
Los especialistas coincidieron en señalar que la aprobación de los TDR no implica autorización para explotar la mina, sino que habilita el inicio de los estudios requeridos.
Subrayaron que será a partir de los resultados técnicos que se determinará si el proyecto resulta ambientalmente viable o no.
El ambientalista Víctor Almánzar, exdirector de Evaluación Ambiental del Ministerio de Medioambiente y miembro de la Comisión Ambiental de la UASD, planteó que es fundamental que haya un acompañamiento de la sociedad civil con actores clave.
“Y aquí hay dos instituciones que juegan un papel fundamental, que son las academias, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a través de su Comisión Ambiental, y también la Academia de Ciencias, como se hizo con otros proyectos también mineros. Entonces, repito, ese acompañamiento para mí es fundamental”.
En tanto, Eli Martínez Mena, profesor de la UASD y miembro de la Comisión Ambiental de la UASD y miembro de la Comisión Ambiental de la Academia de Ciencias, expuso que la participación de entidades en ese proceso debe estar avalada por el expertise de las mismas.
“Entonces, yo creo que debe hacerse. Hay, claro, personalidades dentro de la Academia de Ciencias, dentro de las universidades, dentro de muchísimas entidades que podrían formarse con un equipo multidisciplinario que dé acompañamiento y que sirva de garantía”, indicó.
El procurador de medioambiente, magistrado Francisco Contreras expuso: “La comunidad está empoderada y es importante que la comunidad sea escuchada, que sean escuchados los técnicos y que puedan hacer levantamientos la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que tiene excelentes técnicos, la Comisión Ambiental de la Academia de Ciencias de República Dominicana, organismos internacionales y que se le dé la participación a la comunidad, a los comunitarios, a los campesinos”.
De su lado, Nelson Bautista de la ong Acción Verde Incorporada subrayó que “en un contexto como este ya que el Estado le ha abierto una posibilidad de que si los TDR se cumplen cabalmente y puede obtener una licencia ambiental, lo menos que podemos esperar como ciudadanos y como ambientalistas es que todo el proceso que conlleve el análisis de esos TDR, el enjundioso estudio técnico que esto va a ameritar esté acompañado de instituciones debidamente acreditadas y cuya credibilidad no esté en cuestionamiento”.
Bautista afirmó que por la envergadura y las posibles consecuencias de este proyecto se hace necesario que tenga una validez académica, social y científica con todo el rigor posible.
Igualmente, el abogado ambientalista Nelson Pimentel manifestó que la emisión de los TDR constituye una oportunidad para resolver una inquietud nacional.
“Con la garantía de la intervención de entidades técnicas, como la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma, como la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Academia de Ciencias, como entidades internacionales como el PENUMA u otras de igual calidad técnica en materia de evaluación minera o de experticias técnicas mineras, para que pueda constituirse un equipo que garantice, con la debida veeduría, resultados confiables y sólidos para la tranquilidad del pueblo dominicano”.
En ese mismo orden se pronunció la ingeniera Carmen Veloz, miembro de la Comisión Ambiental de la UASD y del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), quien expresó: “Ya que se emitieron esos términos de referencia, lo que corresponde es establecer como un comité técnico que sirva de veedor a ese proceso.
Debe haber esa veeduría con el expertise técnico que sea completamente independiente.
Que tenga, por ejemplo, desde la Academia de Ciencias de la República Dominicana, con esos técnicos que conocemos de toda la vida, que tienen esa expertise para poder realizar ese tipo de evaluaciones, de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, equipos internacionales que sean especialistas en evaluaciones ambientales mineras”.
En tanto, el abogado ambientalista Carlos Vargas, puntualizó que el proceso debe ser transparente y la mejor manera para lograrlo es que todos los actores participen “Ese concepto que establece la Ley de Legitimación Procesal Activa, y de transparencia, de publicidad y de participación en la justicia, significa que desde el primer momento en que se empieza a levantar la información, quién la levanta, dónde la levantan, cómo la levantan.
Pero no solamente el equipo de la Academia de Ciencias o de la UASD, sino también de las universidades privadas y de otros entes privados como el CODIA, como otras asociaciones gremiales. Deben todos poder participar y todos deben poder opinar”, dijo.
