Por Doctor Ramón Ceballo
Moverse por el Gran Santo Domingo se ha convertido en una experiencia cada vez más difícil y desgastante. Los tapones son parte del paisaje urbano y afectan directamente la productividad, la salud mental y la calidad de vida de quienes habitan en la capital y sus municipios aledaños.
Para la clase media, especialmente, el tránsito se ha vuelto un obstáculo cotidiano para cumplir con las responsabilidades laborales y familiares.
La verdad es que uno de los principales factores que agravan la congestión es la enorme cantidad de vehículos en circulación.
Según datos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), más del 50% del parque vehicular del país tiene más de 15 años de antigüedad, y una parte considerable de estos se encuentra circulando precisamente en el Gran Santo Domingo.
La falta de inspecciones técnicas efectivas ha permitido que muchos de estos vehículos antiguos, en condiciones deficientes, sigan operando. Estos autos no solo generan más emisiones contaminantes, sino que, al sufrir frecuentes desperfectos, se convierten en obstáculos en la vía, agravando los tapones.
Además, el bajo costo de adquisición de vehículos usados importados ha estimulado su entrada masiva al país, sin un acompañamiento de políticas de renovación ni de control del volumen vehicular en áreas congestionadas.
Es cierto que a esta situación se suma el crecimiento descontrolado del parque de motocicletas, que ya supera los 2.5 millones de unidades en todo el país, con una gran concentración en la capital. Aunque las motos representan una alternativa económica y rápida para muchos trabajadores, también son protagonistas del caos urbano.
En Santo Domingo, miles de motociclistas circulan sin respetar señales de tránsito, sin casco, en vías contrarias, sobre aceras o entre vehículos detenidos, generando situaciones de peligro constante tanto para peatones como para conductores. Su alta siniestralidad, sumada al desorden que provocan en intersecciones y corredores viales, empeora la fluidez del tránsito.
La falta de regulación, fiscalización y educación vial entre los motoconchistas y repartidores ha convertido a las motocicletas en un factor de deterioro de la movilidad urbana y del orden público.
Cualquier política de tránsito que no contemple soluciones específicas para este sector está condenada al fracaso.
Debo señalar que Programas como “RD se mueve” y los corredores de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) son pasos en la dirección correcta. Buscan racionalizar el uso de las avenidas y fomentar el transporte colectivo. Sin embargo, estos esfuerzos deben enmarcarse dentro de una visión de sistema integrado de transporte que incluya metro, teleférico, autobuses, ciclovías y soluciones peatonales.
Pero la infraestructura, por sí sola, no basta. Mientras no se adopten medidas más drásticas como:
· un plan de chatarrización de vehículos obsoletos,
· un control riguroso de emisiones,
· restricciones al uso de vehículos privados en ciertas zonas y horarios,
· y la mejora radical del transporte público, el caos seguirá imperando.
Un ejemplo evidente del uso inadecuado del espacio vial se observa en avenidas como la Rómulo Betancourt y la Sarasota, donde uno de los dos carriles suele estar ocupado por vehículos estacionados o puestos a la venta, reduciendo la capacidad de circulación y agravando los tapones.
A esto se suma el impacto de los colegios privados, particularmente en sectores céntricos como Naco, Piantini y Bella Vista. Muchas de estas instituciones han abandonado el uso del transporte escolar colectivo, lo que ha provocado que cientos de padres recurran al traslado individual en automóvil, saturando aún más las vías en las horas pico de entrada y salida escolar.
Este cambio ha tenido un efecto desastroso en el tránsito: calles colapsadas a la hora de entrada y salida escolar, doble y triple filas, vehículos estacionados en aceras y esquinas. Se requiere que el Ministerio de Educación y el Ayuntamiento del Distrito Nacional promuevan o incluso regulen el retorno del transporte escolar institucional como una forma de descongestionar la ciudad.
Si no se enfrentan las causas estructurales de la congestión, el crecimiento desordenado del parque vehicular, el auge desregulado de motocicletas, la falta de transporte público eficiente y el desuso del transporte colectivo privado, la ciudad colapsará. No es una exageración. Ya lo estamos viviendo.
El Gran Santo Domingo necesita un plan de movilidad urbana sostenible, con incentivos para el uso de transporte público, regulaciones para vehículos viejos, control del parque de motocicletas y una visión metropolitana que articule a todos los municipios del Gran Santo Domingo.
La capital no puede seguir creciendo sobre ruedas que ya no giran bien.
