La reforma a la Ley 225-20 ha generado preocupación en diversos gremios empresariales y del sector turístico, quienes han solicitado al Poder Ejecutivo no promulgarla.
El presidente Luis Abinader anunció la tarde de este lunes que acogerá las observaciones formuladas por distintos sectores a la reforma de la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Procesamiento de los Residuos Sólidos, y dijo que la pieza será reenviada al Congreso Nacional con las correcciones correspondientes antes de su promulgación.
Durante su participación en LA Semanal con la Prensa de este lunes 28 de julio, el mandatario indicó que aún no ha recibido formalmente la ley aprobada por los órganos legislativos, pero que, una vez llegue al Poder Ejecutivo, se tomarán en cuenta las recomendaciones técnicas y sectoriales para modificarla.
«Hay muchos cuestionamientos, incluso, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) nos ha remitido informes señalando errores y aspectos que deben ser corregidos», expresó Abinader al ser consultado sobre el rechazo generado por la reforma.
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Aseguró que su gobierno atenderá esas observaciones y reenviará el proyecto al Congreso Nacional con las modificaciones necesarias, priorizando el diálogo y la participación de los sectores afectados.
Sectores productivos rechazan la reforma
La reforma a la Ley 225-20 ha generado preocupación en diversos gremios empresariales y del sector turístico, quienes han solicitado al Poder Ejecutivo no promulgarla tal como fue aprobada.
Entidades como la Asociación Dominicana de Productores de Cemento (Adocem), la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr) y la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), advirtieron que la nueva legislación impone cargas desproporcionadas, amenaza la libertad de empresa y que fue aprobada sin una consulta efectiva con los sectores involucrados.
A esta postura se sumaron más de una decena de asociaciones del sector turístico, entre ellas la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), la Asociación Dominicana de Empresas de Turismo Inmobiliario (Adeti), la Asociación Dominicana de Restaurantes (Aderes), y la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo (Adavit).
Los gremios manifestaron que la reforma carece del rigor técnico necesario, no consideró un análisis de impacto adecuado y podría afectar la sostenibilidad ambiental, la autonomía municipal y la competitividad empresarial.
