POR LEA SKENE
BALTIMORE (AP) — A pesar de la orden de una jueza que pedía su regreso a Estados Unidos desde El Salvador, un migrante venezolano fue enviado de regreso a su país de origen en un acuerdo de intercambio de prisioneros alcanzado la semana pasada, un suceso inesperado que dejó a sus abogados batallando para localizarlo.
Se trata de una complicación más en otra batalla judicial desordenada por las duras acciones de la administración de presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal, la cual ha desafiado repetidamente el poder de los tribunales federales.
Los abogados del venezolano —identificado solo como Cristian en los documentos judiciales— dijeron durante una audiencia en la corte el martes que no saben dónde está ni cómo ponerse en contacto con él.
Después de que fue deportado a una mega prisión salvadoreña en marzo, la jueza federal estadounidense Stephanie Gallagher ordenó al gobierno facilitar su regreso a Estados Unidos. Citó el caso de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño que vivía en Maryland y fue deportado por error a la misma prisión en El Salvador, el Centro de Confinamiento por Terrorismo (CECOT), que fue construida para albergar a presuntos pandilleros.
Cristian es parte de un grupo de demandantes que ingresaron al país como niños no acompañados en busca de asilo. Un acuerdo de conciliación de 2019 decía que no podían ser deportados hasta que sus solicitudes de asilo fueran adjudicadas.
Debido a que su solicitud aún está pendiente, dijo Gallagher, la administración Trump violó ese acuerdo al enviar a Cristian al CECOT.
Y ahora está de regreso en Venezuela, el país del que escapó hace años porque temía la persecución, argumentaron sus abogados durante la audiencia del martes en el tribunal federal en Baltimore.
“Lo enviaron de regreso al único país del que realmente buscaba asilarse”, dijo el abogado Kevin DeJong al tribunal. “Nos sorprendió ver que eso sucediera el viernes”.
Cristian fue liberado del CECOT junto con otros 251 migrantes venezolanos que habían estado encarcelados en El Salvador desde marzo.
El presidente Trump le pagó a El Salvador 6 millones de dólares para albergarlos allí después de que emitió una proclamación pidiendo el arresto y la expulsión de miembros de pandillas venezolanas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley de tiempos de guerra de 1798.
Como parte del acuerdo del viernes, Venezuela liberó a diez ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes encarcelados a cambio de recuperar a los 252 deportados.
“Cristian fue una pieza en este plan, no sé cómo más decirlo”, expresó DeJong. “Fue una pieza en este acuerdo de intercambio de prisioneros”.
DeJong dijo que el equipo legal de Cristian no ha podido ponerse en contacto con él desde entonces.
Gallagher, quien fue nominada al tribunal federal por Trump en 2019, dijo a los abogados del gobierno el martes que ayuden a proporcionar información de contacto para Cristian.
Pero la abogada del Departamento de Justicia, Ruth Ann Mueller, no pudo confirmar siquiera en qué parte de Venezuela terminó.
“Esta es una situación que evoluciona rápidamente”, dijo.
La jueza indicó que no ha visto evidencia que muestre que la administración Trump intentó que Cristian fuera enviado directamente a Estados Unidos tras su liberación de la prisión en El Salvador.
Los abogados de los demandantes dijeron que planean presentar una moción solicitando sanciones contra el gobierno por no cumplir con las órdenes del tribunal.
Mueller, sin embargo, argumentó que estaban cumpliendo, diciendo que cree que “lo que sucedió con El Salvador es irrelevante ahora”, dado que Cristian ha sido liberado. Agregó que facilitar su regreso se ve “muy diferente ahora que está en Venezuela”. El primer paso sería que los abogados de Cristian se pongan en contacto con él y confirmen si realmente desea regresar a Estados Unidos.
