POR KATE PAYNE
TALLAHASSEE, Florida, EE.UU. (AP) — Cinco legisladores estatales a quienes se les negó el acceso a un nuevo centro de detención de inmigrantes construido por la administración del gobernador Ron DeSantis en los Everglades de Florida presentaron una demanda contra el gobernador, argumentando que excedió su autoridad al bloquear la supervisión legislativa de la instalación conocida como el “Alcatraz de los Caimanes”.
La querella entablada el jueves ante la Corte Suprema del estado es la acción más significativa hasta ahora por parte de funcionarios estatales que buscan desafiar la decisión del gobierno de DeSantis de construir y operar el centro de detención improvisado de 3.000 camas en una pista de aterrizaje aislada rodeada de pantanos.
Los legisladores argumentan que DeSantis y Kevin Guthrie, el director de la división de manejo de emergencias de Florida, restringieron ilegalmente la independencia del Congreso como una rama de gobierno co-igual al negarles el acceso a la instalación el 3 de julio.
Según la ley de Florida, los legisladores están entre los funcionarios que pueden visitar todas las instituciones correccionales del estado “a su antojo”.
“La negativa del gobierno de DeSantis a dejarnos entrar no fue un error burocrático. Fue una obstrucción deliberada destinada a ocultar lo que realmente está sucediendo detrás de esas puertas”, señalaron los legisladores en una declaración conjunta.
“No existe ningún estatuto que permita al gobernador anular la autoridad de supervisión del Congreso. Esta demanda trata de defender el estado de derecho, proteger a las personas vulnerables dentro de esa instalación y detener la normalización del abuso del poder ejecutivo”.
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Desde que se impidió a los cinco legisladores demócratas ingresar al centro a principios de este mes, los funcionarios estatales han invitado a legisladores de Florida y miembros del Congreso estatal a visitar el sitio el sábado.
Los demandantes dijeron que esperan que la visita sea un “recorrido controlado de cerca” que no cumpla con su estándar de “verdadera supervisión”.
Un representante de DeSantis calificó la demanda de “frívola”.
“El Estado espera resolver rápidamente esta demanda tonta”, dijo la portavoz Molly Best en un comunicado.
“La gente recurre a insultos infantiles cuando no tiene una base jurídica para defender sus acciones. Estamos en terreno legal firme: el gobernador y los jefes de sus agencias violaron la ley de Florida y la Constitución estatal al bloquear a los legisladores de realizar nuestros deberes legales de supervisión”, dijo la representante estatal demócrata Ashley Gantt, legisladora y abogada que presentó la demanda en nombre de los peticionarios, en un comunicado.
Los funcionarios estatales se apresuraron a construir la instalación en cuestión de días en un aeródromo remoto en los humedales protegidos a unos 72 kilómetros (45 millas) al oeste del centro de Miami, indignando a ambientalistas y defensores de los derechos humanos.
El gobierno de DeSantis construyó el centro multimillonario utilizando poderes de emergencia bajo una orden ejecutiva que el gobernador emitió durante la administración del entonces presidente Joe Biden.
Fue firmada en medio de lo que DeSantis consideró una crisis causada por la inmigración ilegal. Esa autoridad de emergencia ha permitido al estado eludir los requisitos de compra y apoderarse de tierras para el sitio del condado de Miami-Dade, a pesar de las objeciones de los funcionarios locales.
El gobernador ha promocionado la instalación como un modelo a replicar mientras el estado trabaja para llevar a cabo agresivamente la agenda de deportación masiva del presidente Donald Trump.
“El gobernador DeSantis ha insistido en que el estado de Florida, bajo su liderazgo, facilitará al gobierno federal en la aplicación de la ley de inmigración”, dijo un portavoz de DeSantis en un comunicado anterior.
“Florida continuará liderando en la aplicación de la ley de inmigración”, añadió.
