La Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, en coordinación con la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), presentó este miércoles un informe exhaustivo sobre las violaciones a la normativa en tres procesos de licitación pública del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) durante el año 2024.
El análisis detallado de los procesos INABIE-CCC-LPN-2024-0008, INABIE-CCC-LPN-2024-0010 y INABIE-CCC-LPN-2024-0012, destinados a la adquisición de utilería escolar, incluyó entrevistas a 29 personas, revisión documental y solicitudes de información a diversas entidades estatales.
Los hallazgos revelan graves violaciones a la Ley 10-07 de Control Interno y a la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.
En un comunicado de prensa informaron que, en virtud de la gravedad de estos hallazgos, el expediente completo ha sido remitido a la Procuraduría General de la República para los fines legales correspondientes.
Entre las principales violaciones identificadas se destacan la flexibilización indebida de criterios de evaluación, la omisión de firmas y documentos obligatorios y la aplicación de medidas excepcionales que permitieron la participación de empresas inicialmente descalificadas o no habilitadas.
Asimismo, se detectó una preocupante falta de uniformidad en los plazos del cronograma y una deficiente conformación del Comité de Compras y Contrataciones, así como insuficiencias en la documentación de los contratos registrados.
Durante el desarrollo de la investigación se identificaron indicios relevantes que apuntan a la existencia de conflictos de interés y posibles prácticas anticompetitivas, específicamente actos de colusión entre oferentes.
Según el comunicado, estos indicios surgen a partir del análisis de vínculos societarios y personales entre representantes legales de distintas empresas participantes, lo cual sugiere una coordinación previa orientada a influir de manera indebida en los resultados del proceso de contratación.
Indicaron que estas acciones comprometen los principios de equidad, libre competencia y transparencia que deben regir las contrataciones públicas, y constituye una infracción a la normativa vigente, razón por la cual estos hallazgos también serán remitidos a las autoridades competentes para su investigación especializada, incluyendo la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia).
Se recuerda que la Dirección General de Contrataciones Públicas recomendó suspender el registro y procesamiento de cientos de contratos, así como la ejecución de pagos vinculados a éstos, hasta tanto terminen las investigaciones que aun se encuentran en curso. Las recomendaciones buscan proteger los fondos públicos frente a posibles erogaciones indebidas.
La investigación de la Unidad Antifraude y la DGCP arrojó, además, indicios de una posible confabulación entre funcionarios del INABIE y determinados proveedores, evidenciada en patrones de comportamiento que sugieren coordinación previa para beneficiar a empresas específicas durante los procesos de licitación.
Entre las prácticas observadas se encuentran la flexibilización de criterios de evaluación, la omisión deliberada de controles documentales, y la participación directa o indirecta de servidores públicos en la manipulación de decisiones técnicas y administrativas.
A esto se suma el comportamiento irregular y sospechoso de varios peritos evaluadores, así como de los coordinadores responsables de dirigir y validar su trabajo, quienes habrían permitido la emisión de informes sin garantías de rigor técnico ni verificación adecuada e informes alterados.
En la investigación se identificaron inconsistencias notables entre los informes preliminares y los definitivos, sin documentación que justifique las variaciones.
Además, se detectaron indicios de modificaciones no autorizadas, sustituciones o posibles falsificaciones de informes periciales, lo que compromete seriamente la legalidad del proceso y evidencia un patrón de actuación que podría haber favorecido de forma intencionada a determinados oferentes, en detrimento de la transparencia y la equidad del procedimiento de contratación.
La DGCP recordó que continúa apoderada de tres investigaciones de oficio sobre la legalidad de los procedimientos de Licitación Pública Nacional Núm. INABIE-CCC-LPN-2024-0008 (polos y pantalones), INABIE-CCC-LPN-2024-0010 (mochilas) e INABIE-CCC-LPN-2024-0012 (zapatos).
En ese sentido, a la fecha han sido emitido los actos administrativos con los resultados preliminares de los procedimientos INABIE-CCC-LPN-2024-0010 (mochilas) e INABIE-CCC-LPN-2024-0012 (zapatos), los cuales indican que existen irregularidades que vician la adjudicación de 98 contratos correspondientes a zapatos y de 103 contratos de mochilas, al tiempo que se encuentran pendientes de emitir los resultados preliminares de la contratación de polos y pantalones, así como las decisiones finales sobre los tres procedimientos de compras.
La Dirección General de Contrataciones Públicas y la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República reafirman su compromiso con la transparencia, la legalidad y la protección del patrimonio público.
En consecuencia, continuarán colaborando activamente con las autoridades competentes, incluyendo la Procuraduría General de la República, para el esclarecimiento de los hechos y la adopción de las medidas legales correspondientes.
“Estas acciones forman parte del esfuerzo permanente del Estado dominicano por fortalecer los mecanismos de control, prevenir la corrupción y garantizar que los procesos de contratación pública se lleven a cabo conforme a los principios de integridad, equidad y rendición de cuentas”, resaltaron.
