POR LINDSAY WHITEHURST
WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema de Estados Unidos desestimó el jueves una demanda de 10.000 millones de dólares que México presentó contra los principales fabricantes estadounidenses de armas de fuego, acusándolos de que sus prácticas de negocios ayudan a fomentar la violencia de los cárteles que azota al país.
En una victoria para la industria de las armas de fuego, el fallo unánime desestimó el caso bajo una ley de Estados Unidos que en gran medida exime a los fabricantes de responsabilidad cuando sus armas se utilizan para cometer delitos.
El Congreso aprobó la ley hace dos décadas para detener una serie de demandas contra los fabricantes de armas que eran similares al caso presentado por México, escribió la jueza Elena Kagan.
Su opinión revocó una orden de un tribunal inferior que permitió que la demanda avanzara porque se acusaba a las empresas de violar la ley.
Kagan escribió que la demanda de México no presentó un argumento plausible de que las empresas hubieran permitido a sabiendas el tráfico de armas hacia el país.
“No identifica con precisión, según se hace en la mayoría de las alegatos de complicidad, ninguna transacción criminal específica que los acusados (supuestamente) hayan apoyado”, escribió Kagan.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México expresó su fuerte desacuerdo con la decisión e indicó que seguirá luchando contra el tráfico de armas.
“México ha presentado argumentos sólidos que demuestran el daño que las empresas fabricantes de armas ocasionan a nuestro país”, señaló en un comunicado .
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum se refirió a otra demanda que el país presentó en 2022 contra cinco tiendas de armas y distribuidores en Arizona. “Vamos a ver cuál es el resultado y les informamos”, señaló.
México tiene leyes estrictas sobre armas y sólo cuenta con una tienda donde las personas las pueden comprar legalmente. Pero cada año los poderosos cárteles de las drogas del país introducen miles de armas de contrabando.
El gobierno mexicano afirma que al menos el 70% de esas armas provienen de Estados Unidos. La demanda alega que las empresas sabían que las armas se vendían a traficantes que las introducían de contrabando a México y decidieron aprovechar ese mercado.
El gobierno mexicano presentó por primera vez su demanda de gran envergadura en 2021 contra algunas de las mayores empresas de armas, incluidas Smith & Wesson, Beretta, Colt y Glock.
Desde hace tiempo las empresas han rechazado los alegatos de México, argumentando que el país no puede demostrar que ellas sean responsables de que relativamente pocas personas usen sus productos para cometer actos de violencia.
“Estamos satisfechos de que la Corte Suprema haya coincidido en que no somos legalmente responsables de que los criminales usen indebidamente ese producto para dañar a las personas, y mucho menos de introducirlo de contrabando en México para que los cárteles de las drogas lo utilicen”, dijo el abogado Noel Francisco, quien representó a Smith & Wesson.
El grupo comercial National Shooting Sports Foundation también elogió el fallo, y añadió que los fabricantes de armas trabajan con las autoridades estadounidenses para prevenir el tráfico de armas.
“Esta es una victoria enorme para la industria de armas de fuego y el Estado de derecho”, manifestó Lawrence Keane, vicepresidente sénior y asesor jurídico general.
Un juez estadounidense desestimó originalmente la demanda bajo la Ley de Protección del Comercio Legal en Armas de 2005, pero el Tribunal Federal de Apelaciones del 1er Circuito en Boston la reactivó con base en una excepción para casos en los que se alega que las empresas se involucraron en prácticas comerciales ilegales.
Esa excepción ha surgido en otros casos, incluidos en demandas derivadas de tiroteos masivos.
Las familias de las víctimas del tiroteo de 2012 en la Escuela Primaria Sandy Hook en Newtown, Connecticut, por ejemplo, argumentaron que era aplicable a su demanda porque el fabricante de armas violó la ley estatal en la comercialización del fusil AR-15 utilizado en la balacera, en la que murieron 20 niños y seis educadoras.
A la larga las familias aseguraron un acuerdo histórico por 73 millones de dólares con Remington, el fabricante del fusil.
El fallo de la Corte Suprema no parece afectar a casos similares, señaló David Pucino, director jurídico del Giffords Law Center to Prevent Gun Violence, un grupo activista sin fines de lucro.
“Todos los sobrevivientes, en Estados Unidos, en México y en cualquier otro lugar, merecen su día en la corte, y continuaremos apoyándolos en su lucha por obtener justicia”, aseguró.
