POR FABIOLA SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Los mexicanos tenían que elegir a sus jueces en las urnas y algunos fueron a votar el domingo sin saber muy bien cómo hacerlo o a quién apoyar.
Otros, directamente, desistieron de participar en las primeras elecciones judiciales de México.
Pese al impulso que dio el gobierno de Claudia Sheinbaum al proceso electoral, el desánimo primó entre los electores que se quejaron incluso desde la campaña de la falta de información sobre los miles de candidatos a jueces y magistrados y de la complejidad de la votación.
De las urnas saldrán 881 jueces federales, entre ellos, los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia y jueces que en el futuro decidirán temas como la custodia de un hijo o la extradición de un narcotraficante.
La polémica reforma judicial, impulsada al final de su gobierno por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, generó fuertes cuestionamientos y temores de que podría erosionar la independencia de la justicia y dañar la democracia.
Pese a las dificultades, Frijol Mendoza alabó la votación y dijo que permitirá “hacer una limpieza general de nuestro sistema”.
Sheinbaum desestimó las críticas después de votar e insistió en que la elección sólo hará a México más democrático y ayudará a depurar el sistema judicial mexicano que por años ha enfrentado casos de corrupción y nepotismo.
“Cualquiera que diga que hay autoritarismo en México está mintiendo. México es un país cada vez más libre, justo y democrático por la voluntad de su pueblo”, afirmó la mandataria durante un acto en el puerto turístico de Acapulco, estado de Guerrero, por la conmemoración del Día de la Marina.
Además, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se definían los cinco integrantes del Tribunal Disciplinario, 464 magistrados de circuito, 386 jueces de distrito y los magistrados de los tribunales electorales.
La elección surgió de una reforma impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) que aprobó el septiembre pasado el Congreso —de mayoría oficialista— que desató protestas y críticas de organizaciones internacionales y los gobiernos de Estados Unidos y Canadá que expresaron inquietud de que los cambios pudiesen llevar a la politización y pérdida de independencia de la justicia en México.
