La Corte instruyó evaluar si las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros violan el debido proceso de los migrantes.
Por Luis De Jesús
La Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó temporalmente las deportaciones de varios migrantes venezolanos que enfrentaban la expulsión inmediata bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, luego de una orden del gobierno del presidente Donald Trump emitida en marzo.
Los venezolanos, que están en un centro de detención en Texas, alegaron que los arrestaron acusados de pertenecer a la organización terrorista Tren de Aragua y aseguraron que la administración republicana intenta deportarlos de forma inmediata y sin el debido proceso legal.
También dijeron que las autoridades comenzaron a trasladar a algunos de ellos hacia aeropuertos para deportación sin previo aviso ni oportunidad de acudir a tribunales, lo que llevó a una solicitud urgente de intervención ante la Corte Suprema.
La decisión fue anunciada este viernes tras la presentación de una solicitud de medida cautelar por parte de los abogados de los afectados.
El alto tribunal accedió a conceder la suspensión mientras se desarrolla el proceso judicial y aceptó considerar el caso como una petición de auto de certiorari, lo que implica una revisión a fondo del asunto.
Por eso, se anuló el fallo previo del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito y se ordenó que el caso regrese a esa instancia.
La Corte instruyó asimismo al Quinto Circuito a evaluar, entre otros aspectos, si las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros violan los derechos constitucionales de los migrantes, en especial sus garantías de debido proceso.
Mientras tanto, se prohibió al gobierno federal llevar a cabo cualquier deportación de los demandantes o del grupo que representan en virtud de esa ley, hasta tanto se emita una nueva decisión del tribunal inferior o, si se acepta formalmente el caso, hasta que la Corte Suprema emita su sentencia definitiva.
La medida llegó en medio de las crecientes tensiones sobre las políticas migratorias implementadas bajo la actual administración, que invocó la Ley de Enemigos Extranjeros —una norma de 1798 generalmente reservada para situaciones de conflicto armado— para justificar expulsiones expeditas de ciertos migrantes tras una proclamación presidencial el 14 de marzo.
