POR GISELA SALOMON and KATE PAYNE
MIAMI (AP) — El listado de departamentos de policía local y agencias estatales que se han unido a la campaña del presidente Donald Trump para llevar a cabo deportaciones masivas ha aumentado a más de 500, y casi la mitad están en Florida.
Esa cooperación se pondrá de manifiesto el jueves, cuando el gobernador del estado, Ron DeSantis, se una a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos para promocionar una operación que, según las autoridades, resultó en alrededor de 800 arrestos de migrantes en menos de una semana.
La policía local puede arrestar a migrates y detenerlos por incumplimiento de las leyes migratorias en virtud de acuerdos específicos.
En diciembre, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tenía 135 acuerdos en 21 estados. Ahora se han incrementado a 506 en 38 estados, con otras 74 agencias pendientes de aprobación.
A medida que el gobierno de Trump intensifica la cooperación con agencias estatales y locales, da pasos para tomar represalias contra aquellas que limitan su ayuda a las autoridades migratorias.
El presidente firmó el lunes una orden ejecutiva para publicar una lista de jurisdicciones “santuario” y reiteró sus amenazas de presentar cargos penales contra funcionarios estatales o locales que obstaculicen a la política federal.
Quienes se oponen a que los funcionarios locales se involucren en la aplicación de las normas migratorias sostienen que la práctica viola una cláusula de la Constitución que atribuye la responsabilidad de hacerlo a las autoridades federales, no a las estatales.
“Se están encontrando métodos para aterrorizar a las comunidades”, dijo Katie Blankenship, abogada de inmigración y cofundadora de Sanctuary of the South, que agregó que los agentes locales no están capacitados para manejar asuntos migratorios “de manera justa”.
Objetivos de deportación de Trump, demasiado grandes para ICE
ICE, que cuenta con alrededor de 6.000 agentes de deportación, necesita ayuda para lograr el objetivo de Trump de expulsar del país a muchos de los aproximadamente 11 millones de personas que no tienen la documentación en regla, de acuerdo con estimaciones conservadoras.
Texas, cuyo gobernador republicano, Greg Abbott, es un estrecho aliado de Trump en materia de migración, tiene registrados 76 acuerdos que lo convierten en el segundo estado con más pactos.
Incluyen uno firmado el 10 de abril con la Guardia Nacional estatal. Además, ha alcanzado otro con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para que sus efectivos de la Guardia Nacional practiquen detenciones en la frontera.
Georgia y Carolina del Norte también se han unido a la causa de Trump, pero ningún estado se acerca al nivel de cooperación de Florida, donde se han adherido agencias de los 67 condados.
Algunas de las instituciones participantes parecen tener, en el mejor de los casos, poco que ver con la aplicación de la ley de inmigración, como el Departamento de Lotería y la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre.
Durante el gobierno del expresidente Joe Biden no se firmó ningún acuerdo de este tipo. Muchos de los nuevos pactos se ajustan a un “modelo de fuerza operativa” por el cual la policía arresta a migrantes en calles y en comunidades, en lugar de al “modelo de aplicación de la ley en cárceles” por el cual ICE solo aprehende a personas que ingresan en cárceles o prisiones estatales y locales.
Según las autoridades en Florida, muchas agencias locales todavía están esperando capacitación federal.
Sin embargo, las últimas detenciones de ICE, dentro de lo que la agencia ha bautizado como “Operación ola gigante”, muestran cómo pueden aumentar los roles estatales y locales.
Unos 80 oficiales de la Patrulla de Carreteras de Florida participaron en un operativo contra gente en Jacksonville, Orlando y Tallahassee, así como en los condados de Broward y Miami-Dade, explicó Bill Smith, presidente de la sección de la FHP de la Asociación Benéfica de la Policía de Florida. Un portavoz de la Patrulla de Carreteras no respondió a preguntas.
Las autoridades se centraron en personas con órdenes definitivas de deportación y detuvieron a otras con órdenes de arresto pendientes por delitos anteriores, como conducir bajo los efectos del alcohol o sin licencia, agregó Smith.
