La Dirección Ejecutiva también ordenó la suspensión de los peritos actuantes en las inspecciones para determinar posibles acciones u omisiones contrarias a la ley.
La Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) dispuso la suspensión de la firma y certificación de contratos de empresas denuncias por posibles indicios de irregularidades en su participación en el reciente proceso de licitación de utilería escolar para los próximos años lectivos.
Durante una rueda de prensa, el director ejecutivo del INABIE, Víctor Castro, acompañado del Comité de Compras de la institución, también informó que solicitó el acompañamiento de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y del Consejo Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia) a fin de que puedan establecer, bajo sus funciones, si hubo prácticas reñidas a la Ley de Compras, la libre competencia y/o colusión en la contratación de las empresas.
“Como director ejecutivo de la institución agradecemos los esfuerzos hechos por El Informe con Alicia Ortega en la investigación realizada. Por eso también estamos anunciando la suspensión de los peritos actuantes en estos procesos que son quienes nos refieren los insumos sobre los cuáles el Comité hace sus ponderaciones”, indicó Castro.
El funcionario destacó que del proceso reciente en el que se encuentran las empresas denunciadas no se ha desembolsado ningún fondo para la confección de utilería.
Amplia investigación
Los oferentes señalados en El Informe ofertaron para los procesos INABIE-CCC-LPN-2024-008 (polo y pantalón), INABIE-CCC-LPN-2024-0010 (mochila) e INABIE-CCC-LPN-2024-012 (zapatos escolares).
Adicional a estos, en la carta enviada a los referidos órganos rectores, el INABIE desplegó una lista de empresas que resultaron adjudicadas a fin de que se incluyan en la investigación por si existieran indicios de irregularidades y se establezcan las posibles sanciones de lugar.
El director ejecutivo, Víctor Castro, resaltó que no es la primera vez que la institución toma este tipo de decisiones en vista de que “desde 2022 implementamos en los procesos la debida diligencia a fin de evitar que prácticas indebidas permeen la gestión que encabezamos frente al INABIE”.
En ese sentido, la institución ha suspendido a alrededor de 50 empresas tras diferentes hallazgos en procesos del Programa de Alimentación Escolar.
Sobre la denuncia actual, Castro reiteró que previamente había remitido un total de 9 empresas de utilería escolar a Pro-Competencia en febrero de 2025 tras indicios de prácticas anticompetitivas, mientras que a otras 5 compañías se le solicitó durante el mismo mes la inhabilitación definitiva o por cinco años de sus registros como proveedor del Estado (RPE) mediante comunicación enviada a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) por falsedad y adulteración de documentos.
Además, el INABIE envió una comunicación al Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (PROINDUSTRIA) el pasado 28 de marzo para que validara las certificaciones presentadas por todos los oferentes del proceso de utilería escolar.
Medidas contra la importación
A su vez, ante indicios de importación de polos y pantalones, el director ejecutivo informó que en una visita realizada a la Dirección General de Aduanas (DGA) solicitó poner especial atención a mercancía de polos y pantalones provenientes del exterior en vista de que la indumentaria para la comunidad estudiantil debe ser exclusivamente de producción local, con excepción de los calzados.
Posterior a esto emitió en fecha 27 de noviembre del 2024 una comunicación en la que formalizaba la solicitud.
“Como gestión hemos dado todo el respaldo a la industria nacional y no descansaremos en esto. Somos abanderados de que cada insumo que se entregue a los estudiantes sea hecho por manos dominicanas en línea con las medidas de este gobierno”, indicó Castro.
Otras medidas
El INABIE informó que al ser la institución con los procesos de licitaciones más complejos y con la mayor participación de oferentes, la actual gestión está trabajando en la instalación de la Unidad de Riesgo y Cumplimiento que vendrá a fortalecer las labores de debida diligencia e incluso podrá establecer indicios de posibles lavado de activos.
Actualmente en los procesos de utilería y alimentación la institución cuenta con más de 2,440 suplidores si contar los demás servicios requeridos para la operación de alcance nacional que se desarrolla día tras día.
También se ha renovado todo el proceso de reglamentos internos estableciendo al menos 7 políticas, manuales y procedimientos que impactan en la eficiencia de los procesos.
