El órgano acusador también solicitó la variación de la medida de coerción por prisión, debido a la gravedad de los hechos y al incremento del peligro de fuga de la procesada
El Ministerio Público solicitó ante la Novena Sala Penal del Distrito Nacional la imposición de siete años de prisión a la autodenominada neurocientífica Elizabeth Silverio Silien, acusada de usurpar funciones en el área de la salud a través del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Knowledge Land (Kogland).
Asimismo, el órgano acusador solicitó la imposición de una multa equivalente a 50 salarios mínimos, el decomiso de las pruebas ocupadas y la variación de la medida de coerción existente, al considerar que la imputada ya fue condenada en un primer juicio y enfrenta la probabilidad de una nueva condena, lo que incrementa el peligro de fuga, sumado a la gravedad del daño causado a varias familias y a toda la sociedad.
Durante la presentación de sus conclusiones, el órgano acusador, representado por la procuradora de corte Magalys Sánchez y la procuradora fiscal Laura Vargas, sostuvo que la procesada desarrolló un esquema de estafa en perjuicio de padres de niños con trastorno del espectro autista (TEA), haciéndose pasar por doctora en neurociencia y psicóloga, sin contar con la formación académica ni las acreditaciones legales exigidas y que regulan el ejercicio en dichas áreas.
El Ministerio Público explicó a la jueza Milagros Ramírez Cabrera que, tras tener conocimiento de los hechos, inició una investigación objetiva que permitió verificar que la imputada no posee registro académico válido ni habilitación legal para ejercer profesiones vinculadas a la salud, conforme certificaciones emitidas por universidades extranjeras, el Ministerio de Salud Pública, el Colegio Dominicano de Psicólogos y el Poder Ejecutivo.
Como parte de su accionar, Silverio utilizó documentos falsificados, incluyendo títulos universitarios y un número de exequátur inexistente, con los que aparentaba una preparación profesional que no poseía, logrando así generar confianza en las familias y captar pacientes a los que ofertaba servicios en su centro.
Las pruebas testimoniales presentadas ante el tribunal, especialmente las ofrecidas por los padres de los menores afectados, constituidos en querellantes y actores civiles, evidenciaron que la encartada realizaba evaluaciones, emitía diagnósticos y aplicaba terapias sin aval profesional, llegando incluso a diagnosticar condiciones clínicas inexistentes, lo que provocó afectaciones en la salud de los niños y retrasos en la aplicación de las terapias profesionales adecuadas.
El órgano persecutor también destacó que el centro operado por la acusada funcionaba sin las habilitaciones requeridas por las autoridades competentes, siendo posteriormente clausurado por el Ministerio de Salud Pública, tras comprobarse las irregularidades en su funcionamiento.
De igual forma, informes financieros incorporados al proceso evidenciaron que la actividad desarrollada por Silverio Silien tenía fines lucrativos y le permitían percibir ingresos significativos producto de los servicios ofrecidos a las familias, lo que confirma que el engaño fue utilizado como mecanismo para obtener beneficios económicos.
El Ministerio Público destacó que dichas maniobras constituyen un hecho gravísimo, al tratarse de víctimas en condición de vulnerabilidad, por tratarse de niños que requieren cuidados especializados, por lo que sus familias depositaron su confianza en Silverio Silien con la esperanza de encontrar soluciones.
En ese sentido, indicó que la conducta desplegada por la acusada se subsume en los tipos penales de estafa, falsificación y uso de documentos falsos, en violación a los artículos 147, 148, 150, 151 y 405 del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 92, 93 y 156 numeral 7 de la Ley 42-01 General de Salud y el artículo 12 de la Ley 136-03 sobre el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
Tras la presentación de las conclusiones del Ministerio Público, así como de la parte querellante y la defensa, la jueza Milagros Ramírez Cabrera, de la Novena Sala Penal del Distrito Nacional, cerró los debates y se retiró a deliberar, fijando el fallo de la decisión para el próximo martes, 14 de abril de 2026, a partir de las 2:00 de la tarde.
