La Contraloría General de la República (CGR) ha intensificado de manera significativa su labor de fiscalización, mediante la implementación de un proceso sistemático de socialización de informes preliminares de auditoría con diversas instituciones del Estado, orientado a fortalecer la transparencia y el control en el uso de los recursos públicos.
El contralor general de la República, Geraldo Espinosa, destacó que, en un período menor a dos meses, el órgano rector del control interno logró completar y socializar 15 auditorías, marcando un hito en la capacidad operativa y técnica de la institución.
Entre las entidades que recientemente han participado en la presentación de sus informes preliminares se encuentran la Dirección General de Presupuesto (Digepres), el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), el Instituto Agrario Dominicano (IAD) y la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (ONESVIE).
El funcionario señaló la importancia de este mecanismo como herramienta esencial para fortalecer la supervisión institucional, y para que los incumbentes de los organismos auditados puedan presentar sus réplicas a los informes de auditorías.
“Estamos fortaleciendo la fiscalización de la ejecución de los recursos públicos en todas las instituciones del Estado, y al mismo tiempo actuando de forma preventiva ya que dicho proceso permite a las entidades auditadas determinar cuáles observaciones pueden ser subsanadas, conforme a la normativa vigente”, expresó el contralor.
Este proceso de socialización permite a las instituciones auditadas conocer de manera detallada los hallazgos identificados, presentar sus consideraciones y aportar evidencias que sustenten sus respuestas, en un marco de diálogo técnico y transparente que contribuye a la mejora continua de la gestión pública.
El funcionario informó, además, que la Contraloría continúa desarrollando una agenda de socialización con distintos titulares de instituciones públicas, con el propósito de agotar el ciclo de revisión, réplica y validación de los informes, garantizando así que la administración de los fondos públicos se realice bajo los más altos estándares de transparencia y eficiencia institucional.
