Existe la convicción de que en este proceso no se juzga únicamente a Ábalos, sino al propio Pedro Sánchez, bajo la premisa de que resulta difícil disociar las acciones del exministro de Transportes de la Presidencia del Gobierno
Por José Antonio Gómez
El inicio del juicio contra José Luis Ábalos y el resto de la trama Koldo ante el Tribunal Supremo de España representa un hito que trasciende la crónica de tribunales para adentrarse en la propia arquitectura del poder político.
Este proceso no solo evalúa la trayectoria de quien fuera una pieza nuclear del Ejecutivo, sino que somete a un riguroso test de estrés la capacidad de las instituciones para fiscalizar el ejercicio del poder.
La magnitud de los delitos imputados, que abarcan desde la organización criminal hasta el cohecho continuado y la malversación, sitúa este escenario en la categoría de los grandes procesos de corrupción sistémica, donde la justicia debe desentrañar si los hechos responden a conductas aisladas o a una lógica operativa enquistada en la administración pública.
Este procedimiento se erige, sin ambages, como el primer gran juicio por corrupción que golpea la línea de flotación del Gobierno de Pedro Sánchez.
Tras años de una narrativa oficial volcada en la ejemplaridad y la regeneración democrática, la entrada de Ábalos en el Alto Tribunal supone una ruptura de esa balsa de aceite institucional.
Para el Ejecutivo, este juicio no es un trámite más, sino el examen definitivo a la gestión de la mayor crisis sanitaria del siglo y al comportamiento de quienes ostentaron la máxima confianza del presidente durante la consolidación de su proyecto político.
En este contexto, para determinados sectores de la opinión pública, incluida también parte de la izquierda, y la oposición, el foco del juicio se desplaza inevitablemente hacia la cúspide de la pirámide.
Existe la convicción de que en este proceso no se juzga únicamente a Ábalos, sino al propio Pedro Sánchez, bajo la premisa de que resulta difícil disociar las acciones de quien fue el todopoderoso secretario de organización del PSOE y ministro de Transportes de la supervisión del líder del Ejecutivo.
El banquillo se convierte así en un espejo donde se proyecta la responsabilidad política de un modelo de gestión que permitió, presuntamente, el crecimiento de una trama en su círculo más íntimo. Y no es el primero.
La trascendencia política del caso es tal que la sentencia operará como un veredicto sobre la propia era de Sánchez en el poder.
La acusación no solo apunta a beneficios económicos ilícitos, sino que pone en tela de juicio la vigilancia ética y el control del gasto público en el corazón del sanchismo.
Si el proceso demuestra que la corrupción se incrustó en los resortes del Estado durante la pandemia, el golpe a Pedro Sánchez será de dimensiones históricas, transformando un caso penal en una sentencia política sobre la integridad de todo un mandato.
Desde un prisma jurídico-penal, la estrategia de la Fiscalía Anticorrupción se apoya en una premisa de alta complejidad técnica: la existencia de una estructura jerarquizada y estable destinada a instrumentalizar el poder público.
Al invocar la figura de la organización criminal, el Ministerio Público sostiene que no estamos ante una mera sucesión de irregularidades, sino ante un reparto funcional de roles diseñado para el beneficio privado.
Este enfoque conecta directamente con la preocupación del Derecho penal contemporáneo por la corrupción sistémica, un fenómeno donde la frontera entre lo público y lo particular se difumina, permitiendo que las estructuras del Estado sean capturadas para fines ajenos al interés general.
Sin embargo, la relevancia de este juicio no reside únicamente en la gravedad de la acusación, sino en la intensidad del debate sobre las garantías procesales y los derechos fundamentales.
La defensa del exministro ha articulado una estrategia que prevé un recorrido exhaustivo por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Este itinerario pone de manifiesto que el proceso penal en las democracias modernas está profundamente constitucionalizado, exigiendo que cada actuación judicial respete límites infranqueables como el derecho a la presunción de inocencia y a un proceso con todas las garantías, operando como un freno indispensable al poder punitivo del Estado.
Uno de los puntos de fricción más significativos en esta causa es la gestión del material incautado por la Guardia Civil en los registros domiciliarios.
El debate sobre el acceso a la información contenida en dispositivos digitales toca el núcleo del derecho a la intimidad y la proporcionalidad de las investigaciones penales.
La jurisprudencia es clara al señalar que cualquier injerencia estatal en la esfera privada debe ser estrictamente necesaria y limitada a los fines de la instrucción.
Un exceso en el tratamiento de estos datos o la persistencia de filtraciones que vulneren el honor de los investigados podrían comprometer la validez de las pruebas y, en última instancia, la integridad de todo el procedimiento judicial.
La vertiente institucional también ha dejado resoluciones de calado, como la exclusión de la Abogacía del Estado como acusación particular.
La decisión del Tribunal Supremo de rechazar la personación del Gobierno refuerza un principio básico de coherencia procesal: no resulta jurídicamente admisible que una entidad que pudo fallar en sus mecanismos de control interno pretenda presentarse simultáneamente como víctima.
Esta resolución subraya que el juicio es también un espacio de depuración de responsabilidades institucionales, donde la transparencia y la imparcialidad judicial deben prevalecer sobre cualquier narrativa política de conveniencia.
En última instancia, el caso Ábalos funciona como una ventana hacia la eficacia de los controles internos de la administración, especialmente críticos en contextos de emergencia como la pandemia.
Más allá de la resolución de la responsabilidad penal individual, el proceso ofrece una dimensión pedagógica para identificar fallos estructurales y fortalecer la rendición de cuentas en las instituciones públicas.
La capacidad del sistema judicial para resolver este complejo equilibrio entre la eficacia punitiva y el respeto absoluto a las garantías constitucionales determinará la confianza de la ciudadanía en la justicia y la solidez de la democracia española frente a la sombra de la corrupción.
Fuente diariosabemos.com
