POR MIKE SCHNEIDER
ORLANDO, Florida, EE.UU. (AP) — Los gobernadores de Florida y Mississippi promulgaron medidas que exigen a los funcionarios verificar la ciudadanía de los votantes, justo cuando una ley similar impulsada por el presidente Donald Trump se ha estancado en el Congreso.
La ley que firmó el gobernador de Florida, Ron DeSantis, fue impugnada de inmediato en los tribunales el miércoles por organizaciones de derechos civiles, que sostienen que dificultará que los floridanos voten.
La disposición sobre ciudadanía de la ley entra en vigor el 1 de enero.
Exige que los votantes presenten un certificado de nacimiento, pasaporte o certificado de naturalización como prueba de ciudadanía estadounidense si funcionarios gubernamentales cuestionan su elegibilidad para votar mediante el cruce de solicitudes de inscripción electoral con registros de vehículos motorizados.
“Muchos votantes elegibles no tienen estos documentos y no pueden obtenerlos por diversas razones —entre ellas, porque nacieron sin un certificado de nacimiento en el sur segregado del país, porque sus documentos fueron destruidos en un huracán o porque no pueden pagar los cientos de dólares que cuesta reemplazarlos”, señalaron los grupos de derechos civiles en una demanda presentada ante una corte federal en el sur de Florida.
La ley electoral que Trump impulsa agresivamente en el Congreso obligará a las personas a presentar prueba documental de ciudadanía para inscribirse y votar en elecciones federales, como un pasaporte de Estados Unidos, un certificado de naturalización de ciudadano estadounidense o una combinación de un certificado de nacimiento y una identificación con foto emitida por el gobierno.
Fue aprobada por la Cámara de Representantes, pero quedó estancada en el Senado antes que los legisladores tomaran un receso de primavera.
Según la ley de Florida, las tarjetas de crédito, las identificaciones estudiantiles y las identificaciones de comunidades de jubilados ya no podrán usarse como identificación al votar, y el estatus de ciudadanía estadounidense de un conductor deberá reflejarse en las licencias de conducir a partir de julio de 2027.
DeSantis afirmó que la ley mejora la seguridad y la transparencia del sistema electoral de Florida.
“En Florida, siempre defenderemos la integridad electoral”, aseveró el gobernador republicano.
La nueva ley de Mississippi, firmada el miércoles, exige que los funcionarios locales que inscriben a las personas para votar realicen verificaciones adicionales de ciudadanía estadounidense si los solicitantes no tienen o no pueden proporcionar números de licencia de conducir en su solicitud de inscripción electoral.
La ley, que entra en vigor el 1 de julio, también exige que el secretario de Estado realice verificaciones anuales del padrón electoral contra una base de datos en línea del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para señalar a posibles no ciudadanos a quienes se les podría pedir que presenten prueba de su elegibilidad.
“Esta es otra victoria para la integridad electoral en Mississippi (y en Estados Unidos)”, escribió el gobernador republicano de Mississippi, Tate Reeves, en una publicación en redes sociales. “¡Seguiremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para que sea infinitamente más difícil —con el objetivo de que sea imposible— hacer trampa en nuestras elecciones!”.
La organización estadounidense sin fines de lucro Southern Poverty Law Center ha advertido que la ley podría privar del derecho al voto a cientos de miles de habitantes de Mississippi que no tienen pasaporte, carecen de certificado de nacimiento o cuyos apellidos no coinciden con los de sus certificados de nacimiento debido a cambios de nombre por matrimonio.
Cuatro estados gobernados por republicanos —Florida, Mississippi, Dakota del Sur y Utah— han promulgado este año leyes para reforzar los requisitos de prueba de ciudadanía estadounidense para los votantes.
En Michigan, partidarios de la documentación de ciudadanía estadounidense para votantes han presentado 750.000 firmas de petición en un intento de incluir una enmienda constitucional en la boleta electoral de noviembre.
La Legislatura de Kansas, también controlada por republicanos, ha aprobado la ley, aunque aún debe presentarse ante la gobernadora demócrata.
La gobernadora Laura Kelly tiene hasta la próxima semana para decidir si firmará el proyecto de ley y no ha dicho públicamente qué hará, aunque ha vetado con regularidad proyectos electorales anteriores del Partido Republicano.
Los partidarios necesitarán una mayoría de dos tercios para anular un veto —y, debido a disidentes republicanos, el proyecto parecía quedarse a unos pocos votos de alcanzar esa cifra en la Cámara de Representantes.
Cualquier esfuerzo en Kansas por impedir que no ciudadanos estadounidenses se inscriban para votar es opacado por uno de los mayores fiascos políticos del estado en la memoria reciente: un requisito impuesto en 2013 que obligaba a las personas que se inscribían para votar en el estado por primera vez a presentar documentación de su ciudadanía estadounidense.
Esa ley terminó bloqueando la inscripción electoral de más de 31.000 ciudadanos de Estados Unidos que, por lo demás, eran elegibles para votar, es decir, el 12% de todos los que intentaban inscribirse en Kansas por primera vez.
Los tribunales federales finalmente declararon que la ley imponía una carga inconstitucional sobre el derecho al voto, y no se ha aplicado desde 2018.
