La Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo desarrolló una conferencia magistral en la Circunscripción 1 de esta provincia, donde se abordaron las principales transformaciones introducidas por el Nuevo Código Penal (Ley 74-25), en una actividad celebrada en el local partidario de Las Tres Cruces de Jacagua.
La jornada fue organizada por la Dirección Política de la Circunscripción 1, encabezada por el licenciado Hipólito Martínez, quien tuvo a su cargo la coordinación general del evento, consolidando una significativa movilización de la dirigencia política y jurídica del partido en esta demarcación.
La ponencia central estuvo a cargo del magíster Víctor Mena, quien presentó un análisis profundo sobre los cambios estructurales del nuevo ordenamiento penal, definiéndolo como un punto de inflexión en la cultura jurídica dominicana tras más de 140 años de vigencia de un modelo de corte francés.
Desde el inicio, el expositor planteó que la nueva legislación implica un cambio de paradigma, al introducir límites más claros al poder punitivo del Estado (ius puniendi) y fundamentarse en principios esenciales como la legalidad, la proporcionalidad y la irretroactividad.
En ese sentido, destacó la adopción de la dogmática penal alemana, que redefine el delito como una conducta típica, antijurídica y culpable.
Uno de los aspectos más relevantes abordados fue la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sustentada, según explicó, en la falla estructural interna de las organizaciones, particularmente en la ausencia de programas de cumplimiento (compliance), lo que abre un nuevo escenario de responsabilidad para empresas e instituciones.
En materia de autoría y participación, el jurista explicó la diferenciación entre autoría directa, coautoría y autoría mediata, así como las figuras de complicidad e inducción.
No obstante, expresó reservas sobre la redacción del código, al considerar que la inclusión del “colaborador necesario” como autor constituye una expansión excesiva de la autoría penal, en contradicción con el principio de proporcionalidad.
El conferencista también formuló críticas al texto legal, al que calificó como un “código de transición”, señalando vacíos importantes, como la exclusión de delitos contenidos en leyes especiales, entre ellos lavado de activos, narcotráfico y trata de personas, así como el establecimiento de penas acumulativas de hasta 60 años, que, a su juicio, entran en tensión con el objetivo de resocialización del sistema penal.
En cuanto a los nuevos tipos penales, Mena destacó la tipificación del feminicidio, el sicariato como delito autónomo, los ataques con sustancias químicas y la incorporación del bullying y ciberbullying como figuras delictivas, en respuesta a nuevas realidades sociales.
De igual forma, abordó el alcance del Artículo 112 sobre homicidio imprudente en edificaciones, señalando la responsabilidad penal de propietarios que, por negligencia en el mantenimiento o violación de normas de seguridad, provoquen la muerte de personas, con sanciones que pueden alcanzar hasta 10 años de prisión en casos de múltiples víctimas.
En materia patrimonial, resaltó la ampliación del delito de robo para incluir la sustracción de servicios, la tipificación de la estafa piramidal y la flexibilización del abuso de confianza, centrado ahora en la distracción indebida de bienes.
La actividad contó con la presencia de Raúl Martínez, titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos y miembro de la Dirección Política; Altagracia González, miembro de la Dirección Política y secretaria general provincial; el coordinador provincial de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, Yunior Durán; el coordinador municipal, Juan Henríquez; así como el diputado José David Báez.
En el equipo organizador participaron los dirigentes Odalys Tejada, Eneroliza Ventura, Rey De La Rosa, Johnny Martínez, Ambiorix Paulino, Elvis Ramírez y Rumaldo Puntier, quienes desempeñaron un papel clave en la logística y convocatoria de la actividad.
La nutrida asistencia de juristas, dirigentes y militantes evidenció el interés de la organización en fortalecer la formación jurídica de sus estructuras, consolidando espacios de reflexión sobre el impacto del nuevo marco penal en la vida institucional y política del país.
