SAN SALVADOR (AP) — El presidente Nayib Bukele y su partido impulsan una reforma constitucional con el fin de establecer la cadena perpetua para asesinos, violadores y terroristas, en un país que ha encarcelado a más del 1% de su población en su guerra contra las pandillas.
“En estos momentos, nuestro gabinete de seguridad está presentando ante la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para avalar la cadena perpetua (hasta ahora prohibida por la Constitución) para asesinos, violadores y terroristas”, anunció Bukele en su cuenta de la red social X el martes.
La Asamblea Nacional de El Salvador está bajo el control del partido de Bukele, por lo que es probable que la medida sea avalada.
Esto ocurre tras varias rondas de reformas constitucionales impulsadas por Bukele, las cuales han sido duramente criticadas por quienes consideran que debilitan el sistema de pesos y contrapesos y socavan la frágil democracia del país.
“Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión”, agregó el mandatario.
En agosto, el gobierno impulsó otra reforma que eliminaría los límites al mandato presidencial, allanando el camino para que Bukele permanezca en el poder indefinidamente.
La reforma propuesta se basa en otras medidas que Bukele ha tomado en su guerra contra las pandillas salvadoreñas, la cual comenzó cuando declaró el estado de emergencia en marzo de 2022 tras una ola de violencia pandillera.
Esta medida, inicialmente temporal y prorrogada por casi cuatro años, suspende derechos constitucionales fundamentales y ha provocado la detención de alrededor de 91.300 personas en El Salvador. Bukele ha afirmado que 8.000 personas inocentes han sido liberadas.
Organizaciones de derechos humanos han documentado casos de detenciones arbitrarias durante años, e incluso una de ellas denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la gran mayoría de los encarcelados bajo el estado de emergencia fueron detenidos arbitrariamente. Bukele criticó duramente esta acusación.
Durante la represión, el gobierno de Bukele también ha perseguido a sus enemigos, deteniendo a críticos y activistas, y obligando cada vez más a periodistas y voces de la oposición a elegir entre el exilio o la prisión.
Se encuentran recluidos en prisiones con escasas pruebas, bajo acusaciones vagas por parte de las autoridades y con muy poco acceso a un debido proceso. Los presos suelen ser juzgados en juicios colectivos y los abogados pierden con frecuencia el rastro de sus clientes.
Funcionarios del gobierno de Bukele han prometido anteriormente que los pandilleros detenidos “jamás volverán” a las calles.
