Madrid, EFE .- El cantante Julio Iglesias ha presentado una demanda contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz, por los comentarios de carácter «injurioso y calumnioso» que esta realizó en relación con la denuncia interpuesta contra él por presuntos delitos de abusos sexuales y que fue archivada por la Fiscalía.
En su escrito al Tribunal de Instancia (Sección Civil) de Madrid, al que EFE tuvo acceso este martes, el cantante, a través de su abogado, solicita un acto de conciliación en el que la ministra reconozca el daño, rectifique sus manifestaciones y le indemnice con el importe en el que se fijen «los daños causados en función de la difusión alcanzada» por su comportamiento.
La respuesta de la vicepresidenta segunda
Yolanda Díaz respondió este martes al cantante Julio Iglesias que seguirá defendiendo a las mujeres trabajadoras, después de que este le haya demandado por los comentarios que hizo sobre él tras ser denunciado por abusos sexuales en un caso que fue archivado por la Fiscalía.
«Defiendo a las mujeres trabajadoras ante cualquiera que vulnere su integridad y sus derechos y no voy a dejar de hacerlo. Con denuncias o sin denuncias, las mujeres ya no nos callamos», escribió la vicepresidenta este martes en su cuenta de la red social Bluesky.
Acto de conciliación
El letrado del cantante, José Antonio Choclán, recuerda que el acto de conciliación es un requisito previo a la interposición de una querella por la presunta comisión de delitos de injurias y calumnias.
En el punto de mira de la demanda están las declaraciones que, al conocerse la denuncia contra Iglesias, realizó la vicepresidenta Díaz en la red social Bluesky el pasado 13 de enero y al día siguiente en una entrevista en el programa ‘La Hora de la 1‘, en el canal público RTVE.
En sendos medios, indica el escrito, «la demandada, alto cargo público del Estado, emitió a la opinión pública (…) claros prejuicios de culpabilidad contra el sr. Iglesias, tales como que en su casa se cometían abusos sexuales, los trabajadores se encontraban en régimen de esclavitud y se vulneraban sistemáticamente los derechos fundamentales de los mismos».
Escrito en red social
«Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente. Gracias a las mujeres valientes y a las periodistas de @eldiario.es por denunciarlo», decía Díaz en Bluesky.
Una publicación en una plataforma en la que la vicepresidenta segunda cuenta con 38.027 seguidores, que fue «ampliamente comentada y compartida en redes sociales» y de la que se generaron noticias en otros medios, según la demanda.
En la entrevista
En TVE, en esa entrevista que el escrito recoge transcrita, Díaz abundó: «Creo que la investigación que estamos conociendo estos días da terror, da pánico, se concentran todas las vulneraciones de los derechos humanos en mujeres que además efectivamente estaban en una posición de inferioridad extrema, extrema en tanto que seres humanos, extrema en tanto que trabajadoras de Julio Iglesias».
El abogado del cantante refleja que esa intervención tuvo «una inequívoca repercusión mediática«, teniendo en cuenta que ese día dicho programa lideró la franja matinal con un 17,3 % de audiencia.
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Por todo ello, considera que la ministra incumplió «abiertamente sus deberes institucionales como alto cargo del Estado» al vulnerar el derecho a la presunción de inocencia.
Irremediable
Para el abogado, sus palabras lesionan «de modo irremediable» no solo el derecho a dicha presunción de inocencia en un caso en el que además no llegó a abrirse un procedimiento judicial, sino también su derecho a la intimidad personal y al honor.
Choclán recoge jurisprudencia en este sentido del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y señala que las palabras de Díaz conculcan también la directiva europea que entre otros puntos recoge la prohibición de que las autoridades realicen referencias públicas a la culpabilidad de alguien sometido al proceso penal.
Denuncia
El cantante había sido denunciado por dos de sus exempleadas por los delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, agresión sexual, lesiones y delito contra los derechos de los trabajadores.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó en enero la investigación abierta al considerar que no se daban los requisitos exigidos por la ley para que la Justicia española pueda investigar la denuncia, por falta de competencias.
