Madrid (EFE).- La Audiencia Nacional ha confirmado el procesamiento del BBVA y de su expresidente Francisco González por la contratación de empresas vinculadas al excomisario José Manuel Villarejo para realizar encargos supuestamente ilegales entre 2004 y 2016, rechazando así todos los recursos presentados.
La sala de lo Penal confirma así la decisión del juez Manuel García Castellón, que propuso juzgar por cohecho continuado y descubrimiento y revelación de secretos a BBVA, a su expresidente Francisco González y a otras doce personas, entre directivos de la entidad y mandos policiales.
Procesamiento al banco
En línea con la Fiscalía Anticorrupción, la Sala procesa también al banco y avala el argumento del instructor, que estimó que no era creíble el desconocimiento alegado de estos hechos alegado por el banco.
De este modo, se sentarán en el banquillo, además de la antigua cúpula de la entidad, su exresponsable de Seguridad, el que fue comisario de policía Julio Corrochano, y otros mandos policiales vinculados a Villarejo.
También figuran entre los acusados el ex consejero delegado del banco Ángel Cano; el exdirector de los servicios jurídicos del banco Eduardo Arbizu; el que fuera director del gabinete de presidencia de la entidad Joaquín Gortari; y el exdirector de Riesgos del banco Antonio Béjar.
Los magistrados consideran que el sistema de prevención y control del banco para prevenir delitos no era eficaz, ya que dejaba al margen de cualquier normativa de control a la presidencia ejecutiva y a la alta dirección, que son los que según todos los indicios habrían cometido «los delitos de cohecho y revelación de secretos en beneficio del BBVA investigados».
Todo ello debe analizarse durante el juicio oral, cuando se aclarará «cómo deberían haberse hecho los controles que podrían haber prevenido la comisión del delito», dado que «los que había no eran eficaces, ya que la alta dirección estaba excluida del control».
Francisco González
En relación con González, la Sala e lo Penal indica que alguno de los contratos con Cenyt investigados fueron ordenados por el entonces presidente del BBVA, «que ya sabía quién era esta entidad y sus métodos de investigación por los contratos anteriores», por lo que «no es irrazonable» concluir que por eso la eligió tras no dar ningún resultado con otros métodos de investigación y sí lo dieron con Cenyt.
Por ello, la Audiencia Nacional estima que cabe entender que González participó en los delitos de cohecho y revelación de secretos imputados, y que sabía que la información que Cenyt había obtenido en cumplimiento de los contratos referidos se hizo «sin respetar la legalidad» y sirviéndose de funcionarios policiales.
Fuentes cercanas a Francisco González han señalado a EFE que este «asume la decisión de la sala con tranquilidad, y en el juicio oral tendrá la oportunidad de esclarecer todas las dudas y demostrar con hechos su inocencia».
Villarejo, haciendo un uso fraudulento de las posibilidades que le otorgaba su especial puesto dentro del organigrama de necesidades operativas de la policía, puso en práctica una estructura empresarial con la cual lucrarse, gracias al acceso indirecto a todos los registros policiales y bases reservadas de datos.
Corrochano puso a disposición del banco este entramado «anómalo e ilegal», garantizándole la total discreción y opacidad si se recurría al mismo; a continuación, el banco requirió una serie de servicios, entre ellos seguimientos, intervención de tráfico de llamadas, consulta de bases de datos de personas o averiguación de patrimonio de distintas personas, entre ellos empresarios, abogados o periodistas, a partir de 2004.
