Defensa afirma que la decisión confirma ausencia de pruebas vinculantes y cuestiona el manejo institucional del caso
La Suprema Corte de Justicia puso fin de manera definitiva al proceso penal seguido contra el exadministrador de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent, mediante sentencia del 31 de octubre de 2025 (Exp. núm. 059-2022-EPEN-00105), según informó su equipo jurídico.
La defensa sostuvo que la Alta Corte confirmó “de manera irrevocable” que no existían elementos probatorios que vincularan de forma lógica y estructural a su representado con los hechos investigados.
“No existía un solo hilo conductor probatorio que articulara coherentemente la relación entre el hecho investigado, los actores procesados y el señor Dicent”, expresaron sus abogados, quienes aseguran que ese planteamiento fue sostenido desde las primeras etapas del proceso y ahora queda validado por la decisión definitiva.
Advertencias y responsabilidades
El equipo legal indicó que, durante el desarrollo del caso, advirtió formalmente tanto a los órganos acusadores, entre ellos la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y el Estado dominicano, como a los querellantes privados sobre la supuesta falta de estructura probatoria en la imputación.
Entre los querellantes mencionados figuran representantes de diversos consorcios de bancas de apuestas y empresas privadas que participaron activamente en el proceso judicial.
Según la defensa, el derecho penal exige coherencia entre hecho, sujeto y prueba, y sostener una acusación sin ese vínculo podría generar consecuencias jurídicas posteriores. Aseguraron en rueda de prensa en un restaurant de la capital.
Dimensión institucional y mediática
Más allá del ámbito estrictamente judicial, los abogados de Dicent cuestionaron el manejo público del proceso, señalando que estuvo acompañado de una intensa exposición mediática.
“El proceso penal debe desarrollarse en los estrados judiciales, no en las redes sociales”, subraya el equipo legal, al tiempo que advierte que cuando la narrativa pública supera la estructura probatoria disponible “el riesgo institucional es alto”.
La defensa también sostuvo que la presunción de inocencia constituye un estándar reforzado protegido por la Constitución dominicana y por pactos internacionales de derechos civiles y políticos, y que la responsabilidad penal exige una vinculación objetiva entre conducta y resultado.
Interrogantes abiertas
Tras la decisión definitiva, el equipo jurídico planteó que el caso deja reflexiones en el plano institucional.
“El Estado de Derecho se fortalece cuando acusa con rigor técnico y prudencia institucional”, que además sugiere que la sentencia abre un nuevo escenario jurídico tras el cierre definitivo del proceso.
Luis Maisichell Dicent fue administrador de la Lotería Nacional y enfrentó un proceso judicial que generó amplio debate público y repercusión mediática en el país.
