La Procuradora General de la República instruyó la realización de una investigación exhaustiva e inmediata sobre las afectaciones, ocupaciones ilegales y posibles fraudes inmobiliarios en diversas áreas protegidas del país, incluyendo el Parque Nacional Jaragua, la zona de Bucanyé, Valle Nuevo, las Dunas de Baní, la Sierra de Bahoruco y el Parque Nacional Hoyo del Pino.
Con ese propósito, la magistrada Yeni Berenice Reynoso designó una fuerza de tarea especial conformada por titulares de diversas áreas especializadas, bajo la coordinación del procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
El equipo investigador está integrado, además, por los procuradores de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca); Francisco Contreras, de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren); Ramona Nova, de la Procuraduría Especializada Anti-Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y Ana Burgos, responsable de la Unidad de Investigación Inmobiliaria.
También por Gedeón Platón Bautista Liriano, abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria del Departamento Central.
Alcance de la investigación
La instrucción establece que el equipo debe extender sus indagatorias a “todos los actos jurídicos, administrativos o transacciones que hayan dado lugar a la expedición de títulos de propiedad o acciones privadas que afecten la integridad de estas áreas protegidas”.
Su objetivo es “determinar la existencia de entramados criminales, corrupción, falsificación o prevaricación que hayan facilitado el apoderamiento de patrimonio público natural”, explica la instrucción de Yeni Berenice.
Asimismo, la Procuradora dispuso que la fuerza de tarea designada realice, en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, un informe pormenorizado sobre la situación jurídica y el impacto de los delitos medioambientales en los 134 espacios que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).
La Procuradora General afirmó que “la conservación y preservación de las áreas protegidas, representativas de los diferentes ecosistemas y del patrimonio natural y cultural de la República Dominicana, aseguran la permanencia y optimización de los servicios ambientales y económicos que estos ecosistemas ofrecen o puedan ofrecer a la sociedad dominicana en las presentes y futuras generaciones”.
Esta acción forma parte de una serie de medidas estratégicas que el Ministerio Público implementa para fortalecer su estrategia de persecución de los delitos ambientales que impactan áreas de conservación clave para la seguridad hídrica de toda la población y para las actividades productivas que garantizan su sostenibilidad e impulsan el desarrollo socioeconómico del país.
El Ministerio Público explicó que la instrucción de la Procuradora General conlleva un nuevo reenfoque, que implica un cambio estructural en la persecución de todos los delitos ecológicos que, por su lesividad para todo el tejido social, deben ser tratados con la misma rigurosidad que el crimen organizado, dado su impacto, muchas veces irreversible, para las presentes y futuras generaciones.
