El inicio del juicio preliminar se fijó esta vez para el 16 de marzo
Luego de dos audiencias fallidas debido a solicitudes de prórroga presentadas por las defensas del exdirector del Intrant, Hugo Beras, y del empresario Jochi Gómez —plazos que fueron concedidos y que ya vencieron—, este lunes tampoco pudo celebrarse la tercera audiencia programada del caso sobre presunta estafa contra el Estado, sabotaje y terrorismo contra la red semafórica.
En esta tercera ocasión, el abogado Marino Feliz, representante de la empresa Aurix, propiedad de Gómez y también imputada en el proceso, no asistió a la audiencia por «problemas de salud», razón por la que fue postergada nuevamente, esta vez para el 16 de marzo.
Rechazan separar empresa
Previo a disponer el aplazamiento, la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, rechazó la solicitud de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), de que se desglosara la acusación contra Aurix para evitar más posposiciones.
Sin embargo, Rivas dijo que si el estado de salud del togado persiste entonces el representante de la compañía lo tendrá que sustituir, porque no puede «prolongar en el tiempo de manera indefinida» que el abogado se recupere.
La primera audiencia del caso bautizado como Operación Camaleón y que involucra a Beras, a Gómez y a otras ocho personas físicas, se fijó para el 17 de noviembre, en la que se decidió otorgar 20 días a la defensa de los imputados para que prepararan sus medios de cómo refutar la acusación del Ministerio Público.
Vencida la primera prórroga, se programó el inicio del juicio preliminar para el 15 de diciembre, en la que se dio otros 29 días más a los abogados de los acusados para que conocieran la querella en constitución de acción civil del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público, en la que se solicitó 12 mil millones de indemnización para el Estado.
Al grupo de 17 personas físicas y jurídicas acusadas por el Ministerio Público y que encabezan el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre y empresario tecnológico, se le imputa estafar al Estado, de sabotaje y terrorismo, en una trama que, según el órgano acusador, empezó en un proceso escalonado con la adquisición de contratos de manera irregular en la gestión de Hugo Beras.
Los imputados son, además de Beras y Gómez, Manuel Eduardo Mora, gerente general de Pago RD Exchange, Mariano Gustini, Henry Darío Féliz Casso, Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant, y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología.
También se señala a Frank Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; a Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero, y a Carlos José Peguero Vargas.
Las empresas que, igualmente son señaladas, son Transcore Latam, S.R.L., PagoRD Xchange, S.R.L., Industria Soltex Dominicana, S.R.L., Dekolor S.R.L., Aurix S.A.S., Inprosol, S.R.L. y OML Inversiones, S.R.L.
